"Ruptura estructural": más de 1.800 referentes de la cultura y la justicia firmaron un rechazo a los recortes de Javier Milei

Un colectivo conformado por más de 1.800 personalidades del ámbito académico, judicial, cultural y científico emitió un contundente documento para dejar asentada su posición frente a lo que consideran un "punto de inflexión" en la historia argentina: los ajustes del presidente Javier Milei. La iniciativa, promovida por el Foro Encuentro Reformista, busca crear un "registro histórico" de voces que se oponen a las políticas plasmadas en el Presupuesto 2026 y a las reformas ambientales impulsadas por la administración actual. Según los firmantes, estas medidas no representan una mera disputa política, sino una "ruptura estructural" con los consensos democráticos de las últimas décadas.

El texto pone el foco principal en la eliminación de las garantías legales de inversión que protegían al sistema educativo y científico. Los especialistas advierten que, al derogar los pisos presupuestarios y las metas de financiamiento, el Gobierno deja el desarrollo del conocimiento “a la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo”. El diagnóstico es alarmante: se proyecta que en 2026 la inversión educativa caerá a la mitad de lo registrado hace diez años, mientras que el sistema de ciencia y tecnología sufrirá un recorte superior al 30% en términos reales, comprometiendo el futuro del desarrollo nacional.

Otro eje central del reclamo es la cuestión ambiental, específicamente la modificación de la Ley de Glaciares en pleno año internacional dedicado a su preservación por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento denuncia que la reforma pretende transferir a las provincias la potestad de decidir qué cuerpos de hielo proteger, desarticulando la lógica de los "presupuestos mínimos" ambientales. Para los firmantes, esta desregulación pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.

El comunicado también incluye una fuerte denuncia sobre los métodos de gobernabilidad aplicados por la Casa Rosada, calificando el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como un mecanismo de "extorsión política". El texto sostiene que el Ejecutivo utiliza estos fondos, que corresponden legítimamente a las provincias, como moneda de cambio para disciplinar gobernadores y asegurar votos en el Congreso. "No se ejerce gobernabilidad: se ejerce coerción", sentenciaron.

La lista de adhesiones refleja una inusual diversidad ideológica y profesional, uniendo a figuras que raramente comparten un mismo espacio de reclamo. Entre las firmas se destacan juristas y constitucionalistas como Ricardo Gil Lavedra, Daniel Sabsay y Manuel Garrido; escritoras y referentes de la cultura como Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara y Dolores Reyes; e intelectuales y sociólogas como Maristella Svampa y Diana Maffía. También se sumaron voces de la política, como Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Mabel Bianco y María Luisa Storani, evidenciando que la preocupación atraviesa a todo el arco opositor y a la sociedad civil.

Finalmente, los impulsores aclararon que no se trata de una carta partidaria, sino de un "documento para la posteridad". En esta línea, el Foro Encuentro Reformista sostuvo que el objetivo es que quede registrado que, frente al avance sobre la educación pública y los bienes naturales, hubo una reacción ciudadana masiva y calificada que decidió no mirar para otro lado.

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Juristas, artistas y científicos: la "reserva moral" que alzó la voz

La convocatoria logró reunir en pocas horas un volumen de adhesiones que supera las 1.800 firmas, aglutinando a referentes de "todos los partidos y colores". En el listado figuran desde actores como Valentina Bassi hasta científicos y ex legisladores como Juan Pedro Tunessi y Fabiana Tuñez. La diferencia entre firmantes busca demostrar que la defensa de los recursos estratégicos no es patrimonio de un solo sector, sino una demanda que incluye a empresarios, ambientalistas y comunicadores preocupados por el rumbo del país.

El documento detalla con precisión el impacto del ajuste: "Derogar pisos de inversión equivale a renunciar a la idea misma de un Estado que protege el futuro". Bajo esta premisa, alertaron que la minería y el desarrollo económico son necesarios, pero no pueden realizarse "a cualquier costo". 

En el plano institucional, el texto es lapidario respecto al rol del Congreso y los gobernadores frente a la presión financiera del Ejecutivo central. Al calificar la distribución de fondos como una forma de "corrupción", figuras como Liliana Hendel, Laura Musa y Daniel Yasky manifestaron que aceptar estas reglas implica una degradación de la calidad democrática que no debe naturalizarse.

La iniciativa cierra con un llamado a la memoria histórica. "La historia argentina registra en este mes de diciembre de 2025 un punto de inflexión", señala el texto. Con la participación de personalidades de alto prestigio como Elva Roulet y Alberto Agustín Jozami, el registro pretende asegurar que las generaciones futuras sepan que existió una resistencia frente al recorte de derechos fundamentales.

TC / EM