La Defensoría del Pueblo le pide al RENAPER que informe los plazos reales de entrega del DNI

La Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que mejore las comunicaciones en sus canales oficiales, asegurando que la información sea clara, veraz, completa y actualizada.

Especialmente se refirieron a los plazos para las distintas modalidades de tramitación del DNI, que actualmente presentan más demoras de lo que se indica. En ese sentido, la recomendación es que se tomen las medidas adecuadas para brindar la información certera y permitir a los ciudadanos saber cuánto es el tiempo real que demorará su trámite.

La Defensoría nacional inició una investigación de oficio debido al creciente número de consultas recibidas por largas demoras en la tramitación del DNI, desde comienzos de este año. Según indicaron, los plazos estaban superando ampliamente los habituales del organismo para completar la tarea.

La situación es igual para todos los tipos de trámites, ya sea el primer ejemplar de Documento de Identidad o su renovación o reposición, sobre todo en modalidad exprés.

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En algunos casos, la tardanza llegó a superar los 60 días en modalidad regular y 15 en modalidad rápida. Esto fue lo que alertó a la Defensoría y dejó en evidencia la discordancia entre los tiempos oficialmente comunicados y los verificados en la práctica.

La alerta llegó debido a que esto comenzó a ser un obstáculo para el acceso a la documentación esencial que se exige y cuya posesión resulta indispensable para el ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales y económicos, así como la posibilidad de realizar trámites administrativos, especialmente cuando el ejemplar anterior es anulado automáticamente al momento de realizarse la solicitud del nuevo ejemplar.

En ese sentido, es el Estado el que debe garantizar la emisión del Documento Nacional de Identidad y su provisión en los plazos correspondientes.

Si bien el RENAPER atribuye las demoras a un proceso de modernización tecnológica y a la incorporación de nuevas modalidades documentarias, desde la Defensoría advierten que esa transición no puede implicar una afectación indefinida de los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, remarcan que el organismo mantiene la obligación de garantizar la continuidad del servicio y cumplir con los plazos que difunde para cada tipo de trámite.

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A su vez, subrayan que el principio de buena administración exige que los organismos públicos actúen con transparencia, previsibilidad y eficacia. Esto implica, entre otras cosas, ofrecer información clara y actualizada sobre los tiempos reales de gestión y entrega del DNI, de modo que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y evitar perjuicios ante demoras que hoy no coinciden con los plazos oficiales.

Por eso, aunque reconocen que el proceso de modernización puede explicar los retrasos en la producción y entrega de los documentos, consideran necesario que el RENAPER adecue la información que publica, refleje las demoras actuales y advierta a la población. El objetivo es que cada solicitante pueda elegir la modalidad de trámite más conveniente según sus necesidades y acceder a su documentación con mayor previsibilidad.

RG