El agua turbia y maloliente que sale de los grifos en Río de Janeiro es la crisis más reciente que está sacudiendo a la emblemática ciudad, y subraya la urgencia de la iniciativa para privatizar los servicios públicos como el saneamiento.
Unos 9 millones de personas en Río y sus alrededores dudan de la calidad del suministro de aguas desde principios de este mes. Los estantes de los supermercados se han quedado sin agua embotellada tras una fiebre de compras. Y la presión sobre los recursos empeorará a medida que 2 millones de personas llegan a Río para las festividades del Carnaval en febrero.
La compañía estatal de aguas, conocida como Cedae, atribuye el problema a la geosmina, un compuesto orgánico de origen natural producido por algas que dice que se puede beber, pero es también la culminación de décadas de mala gestión y escasas inversiones. La mayor parte de las aguas residuales terminan en ríos del estado brasileño y solo el 29% de ellas son tratadas, según muestran estadísticas del Gobierno federal. Los expertos en agua especulan que la suciedad probablemente contribuyó a la proliferación de algas.
La situación proporciona munición a los llamamientos para la venta de los activos de saneamiento en todo Brasil, una tarea que ha eludido a Gobiernos anteriores debido a la oposición de los sindicatos y los políticos que a menudo otorgan trabajos a aliados en empresas estatales. Pero después de años de reiteradas crisis, entre ellas una escasez regular de aguas en un país con las mayores reservas de agua dulce del mundo, la opinión pública se está abriendo más a la privatización de los servicios públicos.
“Lamento los problemas que tienen, pero al mismo tiempo, es una prueba espectacular de lo incompetente que es el Estado en el cuidado de nuestra agua y alcantarillado”, señaló Salim Mattar, secretario de privatizaciones de Brasil en una entrevista. “Es el caso clásico de una empresa estatal ineficiente que tenía el monopolio, cerró el mercado a cualquier competencia y fue explotada por gobiernos anteriores”.
El gobierno de Río, que se ha tambaleado al borde de un colapso fiscal en los últimos años, se comprometió a privatizar su compañía de aguas en 2017 como parte de un acuerdo para un préstamo de rescate federal. Necesita 32.600 millones de reales (US$7.800 millones) para solucionar su problema del agua, dinero que el secretario de Finanzas del estado, Luiz Claudio Carvalho, dice que simplemente no tiene.
Entre las protestas y la burocracia, las privatizaciones a menudo llevan años en Brasil: los gobiernos anteriores promediaron 30 meses en los pasos del proceso, según Mattar, quien está al frente de la iniciativa de la Administración para vender activos estatales. El de Cedae está casi listo: El plan es subastar una gran parte del sistema para fines de este año. El banco nacional de desarrollo del estado, BNDES, ha dividido el estado en cuatro bloques, y cada uno se haría cargo de una porción de la ciudad de Río, que será la región más rentable para los inversores privados con diferencia. Las licencias para operar los sistemas tendrán una duración de 35 años, con ingresos estimados en el estado de Río de 331.400 millones de reales durante los diez próximos años, según BNDES.
“Los inversores sólidos ya están mostrando bastante interés”, dijo en una entrevista Fabio Abrahao, jefe de infraestructura, concesiones y asociaciones público-privadas de BNDES. Calificó las condiciones actuales de “terribles”.
Entretanto, en partes más lujosas de la ciudad, se advierte a los turistas que solo usen agua embotellada para lavarse los dientes y la cara.
“No beberemos caipirinhas por el hielo”, dijo Ximena de La Torre, de 23 años, una turista argentina.
En los barrios más pobres, la carga es mucho más pesada. Conceicao da Silva, una niñera de 36 años, dijo que está gastando más del 10% de su salario neto en agua limpia para ella y su hijo de siete años.
“Estamos comprando agua embotellada para beber y cocinar”, dijo. “Pero tenemos que ducharnos con agua sucia que ni siquiera es lo suficientemente buena como para lavar la ropa”.
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