BLOOMBERG

Argentina y acreedores podrían seguir negociando tras 8 de mayo

Argentina y sus principales acreedores han comenzado a identificar posibles revisiones a la propuesta de reestructuración de deuda de US$65.000 millones del país antes de que venzan los pagos cruciales de bonos a finales de este mes.

Martín Guzmán
Martín Guzmán | CEDOC

Argentina y sus principales acreedores han comenzado a identificar posibles revisiones a la propuesta de reestructuración de deuda de US$65.000 millones del país antes de que venzan los pagos cruciales de bonos a finales de este mes.

Si bien ambas partes no creen que se pueda llegar a un acuerdo antes de la fecha límite propuesta del viernes, a puerta cerrada están sugiriendo posibles revisiones si las conversaciones continúan pasada la fecha, según personas con conocimiento directo del asunto, que solicitaron el anonimato porque las conversaciones son privadas.

Los responsables argentinos han mostrado cierta disposición a mejorar las condiciones del acuerdo, y los tenedores de bonos han recortado parte de sus expectativas iniciales, dijeron las personas. Los cambios importantes que se están considerando incluyen reducir el período de gracia a menos de tres años, aumentar el cupón de los nuevos bonos y agregar un posible instrumento contingente que ofrezca incrementos en los pagos a los inversores basados en mejoras económicas, agregaron.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

argenina

Hay cierta urgencia para avanzar en esos temas antes del 22 de mayo, cuando expira un periodo de gracia de 30 días para el pago de intereses de bonos en dólares con vencimiento en 2021, 2026 y 2046. La postura contrasta con las declaraciones públicas de ambas partes, en las que se han criticado mutuamente en la última semana.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha dicho públicamente que el país no mejorará la oferta, pero a principios de esta semana su oficina invitó a los acreedores a presentar una propuesta específica. El lunes, los tres principales grupos de tenedores de bonos criticaron la oferta de Argentina, y dijeron que obliga a los inversores a asumir pérdidas desproporcionadas.

La tensión entre los funcionarios y acreedores argentinos recuerda a la batalla legal de 15 años de la nación con los tenedores de bonos que concluyó en 2016. Desde su regreso a los mercados, la nación se ha sumido de nuevo en la desesperación, cayendo hacia tres años consecutivos de contracción económica. La pandemia solo ha agravado la situación ante una ola de ventas de bonos, una crisis monetaria y la inflación de dos dígitos.

Un responsable de prensa dijo que el Gobierno está enfocado en alcanzar la mayor cantidad de acuerdos posibles antes de la fecha límite del viernes y considerará sus opciones después de esa fecha.

Posible concesión

Entre las opciones que se están considerando después del 8 de mayo se encuentra algún tipo de concesión o instrumento de contingencia, dijeron las personas. El Gobierno emitió los llamados Warrants del PIB durante sus reestructuraciones de 2005 y 2010. Los instrumentos, que desencadenan pagos cuando la economía se expande en más del 3%, generaron pagos en seis de los primeros siete años.

Los títulos también se sumaron a los problemas legales del país. Varios fondos de alto riesgo, entre ellos Aurelius Capital Management LP de Nueva York, demandaron al Gobierno el año pasado, al afirmar que un cambio en los cálculos del PIB durante la presidencia de Cristina Fernández les impidió cobrar un pago en 2013.

Para evitar otro embrollo legal, los acreedores han sugerido confiar en estadísticas compiladas por un tercero como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, en lugar de datos del Gobierno argentino, dijeron las personas.

Un área de fricción sin resolver es el tema de los intereses devengados por la deuda impagada durante el período de inactividad. Los tenedores de bonos sugieren que podría pagarse en efectivo o agregarse a la cuantía principal de sus reclamos, mientras que a los funcionarios argentinos les preocupa que la alteración de esas condiciones no cumpla los requisitos del análisis de sostenibilidad de deuda del FMI, según las fuentes.

El Gobierno está recibiendo asesoramiento de Bank of America Corp., HSBC Holdings Plc y Lazard Ltd.