Las aseguradoras privadas de salud en Colombia advierten que su viabilidad financiera está en riesgo, al tiempo que la Administración del presidente Gustavo Petro sopesa una fórmula de financiación clave antes de la fecha límite de fin de año.
El Ministerio de Salud fija cada año en diciembre la llamada UPC, la unidad que determina cuánto transfiere el Gobierno a las aseguradoras por usuario del sistema de salud. Si el Gobierno opta por no fijar un nivel específico, la UPC aumenta en función de la inflación del índice de precios al consumidor, que se prevé que cierre el año justo por debajo del 10%.
“Un aumento equivalente al IPC no corregiría” el déficit de financiación que enfrentan las aseguradoras, según Ana María Vesga, quien dirige ACEMI, el grupo industrial que representa a las compañías. “Eso profundiza el desfinanciamiento y pone en riesgo de manera real a todo el sistema”, dijo el miércoles en una entrevista.
Algunas de las mayores aseguradoras privadas, conocidas como entidades promotoras de salud, o EPS, han acusado al Gobierno de intentar matarlos de hambre financieramente. El jueves, Petro dijo en una publicación en redes sociales que su Gobierno ha “cumplido con la ley” en sus transferencias a las aseguradoras, añadiendo que los problemas financieros están relacionados con la mala gestión.
Mi gobierno ha cumplido con la ley en el giro a las EPS. Los problemas financieros de las EPS tienen que ver con que los recursos públicos que se les asignan son utilizados de manera irregular. https://t.co/IsZR4n9KzL
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 21, 2023
En una carta enviada el miércoles al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, un organismo de control del Gobierno le dio tres días para brindar información sobre cuándo el gobierno transferirá algunos fondos pendientes a las aseguradoras, además de preguntarle si el ministerio realizará reuniones para discutir cómo calculará la UPC para 2024. Con las acciones del Gobierno “se está afectando y destruyendo el sistema, por ende afectando la garantía al derecho fundamental a la salud”, afirmó la Procuraduría General de la Nación.
La oficina de Jaramillo no respondió a varias solicitudes de comentarios.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, buscar estatizar el ámbito de la salud
Como mínimo, ACEMI afirma que se necesita un aumento de 6 o 7 puntos porcentuales más la inflación para impedir que se acumulen las pérdidas. El sector estima que por cada 100 pesos que las aseguradoras reciben del Gobierno, tienen que pagar 104 en costos, lo que derivó en pérdidas de alrededor de 1,1 billones de pesos (US$280 millones) en lo que va de este año hasta septiembre.
Tres de las mayores aseguradoras —EPS Sanitas, EPS Sura y Compensar, que en conjunto representan alrededor de una cuarta parte de los usuarios del sistema de salud de casi US$20.000 millones al año— hicieron públicas sus quejas en julio sobre la falta de financiación.
EPS Sura es filial deLholding financiero Grupo de Inversiones Suramericana SA. En su último informe de ganancias, la aseguradora registró pérdidas por US$53,4 millones durante el tercer trimestre y advirtió que las transferencias insuficientes estaban generando dudas sobre su capacidad para continuar en funcionamiento. EPS Sura declinó hacer comentarios sobre la inminente decisión del gobierno sobre el aumento de la UPC.
Estatizar las empresas de salud: ¿el objetivo de Petro?
Petro espera ampliar el papel del Estado en el sistema de salud, con el objetivo de permitir que el Gobierno pague directamente a los proveedores de atención y a los profesionales médicos. A principios de este mes, la propuesta obtuvo la aprobación en la Cámara Baja, pero aún enfrenta dos debates en el Senado en la primera mitad de 2024.
Los expertos han advertido que el Gobierno está presionando a las empresas para que cedan ante sus pérdidas, lo que provocaría que los usuarios sean transferidos de una aseguradora extinta a otra hasta que eventualmente todos terminen bajo el sistema público.
ACEMI estima que a las aseguradoras se les deben alrededor de 9 billones de pesos en deuda acumulada desde el año pasado.
