"Colombia está utilizando prácticas contables cuestionables para alcanzar sus objetivos fiscales, lo que potencialmente afecta la reputación del país frente a los inversionistas", aseguró Guillermo Perry, exministro de Hacienda y una de las personas responsables del establecimiento de las metas. "El gobierno está poniendo en riesgo su credibilidad al decir que incluirá dinero de las futuras ventas de activos públicos como ingresos corrientes", agregó Perry, que es miembro del Comité de Regla Fiscal –un grupo ad hoc independiente que establece los límites de déficit del país–.
"Preocupa que se simulen los compromisos con la regla con un artificio contable", expresó también, durante una entrevista telefónica. "Primero, no es serio, y agencias internacionales y muchos inversionistas se van a dar cuenta de lo que se está haciendo", recalcó. El comité de Perry establece las metas anuales bajo la llamada "regla fiscal" de 2011, cuyo objetivo es promover la confianza en Colombia limitando la capacidad del gobierno para acumular deuda. Si bien el comité no tiene poder disciplinario, el gobierno nunca ha traspasado los límites de déficit desde que la regla entró en vigencia, y de hacerlo perdería credibilidad.
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Colombia le apunta a un déficit fiscal de 2,4% del PIB este año, por debajo del límite de 2,7% establecido por Perry y sus colegas bajo la regla. Con el fin de alcanzar esa meta, el Ministerio de Hacienda dijo este año que espera obtener fondos equivalentes a 0,6% del producto interno bruto con la venta de algunos activos del gobierno.
El gobierno no ha vendido nada este año hasta ahora, pero inició los preparativos para una posible desinversión en su participación mayoritaria en la compañía de transmisión eléctrica Interconexión Eléctrica SA, con un valor de aproximadamente US$3.300 millones a los precios actuales. Colombia tiene empresas por un valor colectivo de más de US$40.000 millones, incluida una participación de 88,5% en la petrolera estatal Ecopetrol SA, así como compañías de electricidad, bancos, aseguradoras y una aerolínea.
En respuesta a preguntas por escrito, el Ministerio de Hacienda asegura que sigue directrices del Fondo Monetario Internacional que datan de la década de 1980, las cuales permiten registrar las privatizaciones usadas para financiar inversiones públicas como ingresos fiscales en la contabilidad. "No solo estamos convencidos que el programa de enajenación de activos permitirá cumplir con el déficit proyectado en el plan financiero para 2019, sino que ayudará a mantener la inversión social en bienes públicos que ayuden a impulsar el crecimiento económico", afirma el Ministerio.
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"Oportunidades de mejora"
Mientras tanto, el FMI espera que Colombia no cumpla la meta fiscal con un déficit de 3% este año y atribuye la diferencia a los métodos contables del gobierno. "Usar ingresos de privatizaciones como ingresos corrientes no se considera una buena práctica en términos de normas contables, pero tampoco es una violación en términos de información fiscal, en la que los países pueden adoptar diversas prácticas", dijo el FMI en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico. "Dicho esto, Colombia tiene oportunidades de mejora en varias áreas de la transparencia fiscal, incluidas sus estadísticas y su presentación de información".
Las ventas de activos no alteran estructuralmente la posición fiscal del gobierno, ya que un activo solo puede venderse una vez, asegura Richard Francis, analista de calificación soberana para América Latina de Fitch Ratings. "Esta es en parte la razón por la que hemos reducido la perspectiva de la calificación colombiana a negativa en mayo", asegura. A Moody’s Investors Service no le preocupa tanto, y devolvió la perspectiva de negativa a neutral.
Un plan de desarrollo aprobado por el Congreso este año permite al gobierno usar dinero destinado a proyectos de infraestructura para invertir el algunas compañías públicas. Dado que el Ministerio de Hacienda no tiene tiempo para llevar a cabo privatizaciones significativas en los cinco meses que quedan del año, probablemente "comprarán" algunos activos del gobierno con el dinero de este fondo, asegura Camilo Pérez, economista jefe de Banco de Bogotá. En la práctica, esto significa que el gobierno estaría "pasando dinero de un bolsillo a otro", lo que perjudicaría su credibilidad, afirma.
