Se ha desatado una desagradable y conocida pelea a raíz del desastre minero más mortífero de Brasil.
Grupos ambientalistas y comunidades activistas culparon a industrialistas avaros, fundamentalistas del mercado libre y facilitadores oficiales por obviar los protocolos de seguridad que desencadenaron el colapso del dique de desechos de la minera Vale SA de Feijao, en el estado de Minas Gerais, la semana pasada. La catástrofe cobró la vida de al menos 110 personas y 230 aún figuran desaparecidas.
Su protesta se enfrenta con el mantra que existe entre los negocios y algunos formuladores de políticas de que un Estado con muchos altos mandos y su sinfín de restricciones ambientales está estrangulando a la industria y espantando a los inversionistas.
Podría ser simplemente un grito más entre tantos que han envenenado las conversaciones en Brasil últimamente. ¿Qué pasaría si ambos bandos tuvieran razón? El presidente Jair Bolsonaro asumió su mandato con la promesa de acabar con el antiguo Brasil, al eliminar la burocracia y la gran cantidad de regulaciones que limitan a las empresas y reprimen la libertad individual. La decisión frente a los derechos humanos, el multiculturalismo en los salones de clase y las reservas naturales: armas para todos, educación en casa y silos y canales. Su promesa tocó una fibra en un país donde las normas generan más normas. Sin embargo, logra disimular e ignorar esa zona gris donde las empresas burlan el sistema al ofrecer precios baratos, los funcionarios apalancan los trámites burocráticos por una renta y los políticos están dispuestos a hipotecar el interés público para ganar votos.
El desastre minero reflejó cada una de estas pequeñas desgracias y, tal vez afortunadamente, ha sacudido varias de las pulcritudes de Bolsonaro.
Rápidamente silenció sus palabras cuando se jactaba de que Brasil era un administrador ambiental modelo y retrocedió desde su agresivo voto de campaña que prometía eliminar las restricciones ambientales. La presión pública probablemente aumentará y frenará el influyente lobby de los mineros, que los críticos han juzgado y tildado de "grupo de lodo".
A pesar de la suspensión partidista, Brasil claramente sufre tanto de negligencia ambiental como de capitalismo, así como de exceso burocrático. A pesar de los siglos de destreza minera, Brasil obtuvo calificaciones por debajo de otras cinco naciones latinoamericanas en cuanto a estándares regulatorios de minería, según el índice de Riesgo Minero/Recompensa de Fitch Solutions.
Brasil no es el único infractor. Aunque la cantidad de fallas en los diques de desechos ha disminuido en el mundo, están aumentando las rupturas graves de los diques. Incluso antes del mortal colapso de Feijao, Brasil ya había vivido dos de los ocho peores derrumbes de diques desde 2014, un récord que los burócratas no han abordado.
Los planificadores, expertos y legisladores pasaron 33 años discutiendo sobre el proyecto de ley de seguridad de diques, que finalmente fue promulgado en 2010. Sin embargo, los directores del nuevo organismo regulador de la minería fueron nombrados solo en diciembre y la agencia abrió con una acumulación de aproximadamente 20.000 concesiones mineras aún en el limbo, en gran parte debido a la burocracia.
Puede llevar años, una pila de papeles e innumerables sellos y firmas para obtener la aprobación de una fábrica, una gran granja o una mina. Para adquirir una licencia ambiental hay que despejar tres diferentes obstáculos burocráticos. "La licencia ambiental debe ser rigurosa pero también justa", me dijo Flavio Miguez de Mello, vicepresidente de la Academia Nacional de Ingeniería de Brasil.
Se supone que Miguez sabe de lo que está hablando: es uno de los principales expertos de Brasil en seguridad de diques y también socio menor en un pequeño generador hidroeléctrico en las colinas a las afueras de Río de Janeiro. "Llevó una década obtener licencias ambientales para un dique de tres metros", dijo Miguez. "Algunos inversionistas están abandonando sus planes y en lugar se enfocan en generar hidroelectricidad para plantas térmicas, que contaminan más pero toman meses en lugar de años para obtener permisos".
Estas aflicciones pierden peso ante la catástrofe humana que aún se desarrolla en el país minero. Sin embargo, el sumidero burocrático es una de las razones por la que los gobiernos de izquierda y derecha generalmente han acordado la urgencia de racionalizar el proceso de concesión de licencias. Esto puede deberse a que la burocracia inductora de la migraña, que solo un abogado podría resistir, no parece ser una garantía de seguridad humana o de conservación. Brasil ha registrado 10 violaciones de diques de relaves graves desde el 2000.
El rigor regulatorio tampoco ha desembocado en una rápida adjudicación de reparaciones o castigos una vez se produce el desastre: ningún ejecutivo, regulador o empresa de ingeniería minera fue encarcelado por la falla de la represa de 2015 que mató a 19 personas y enterró a un pueblo entero. Gracias a los ágiles negociadores, el operador minero Samarco, una empresa conjunta de Vale y BHP Group, de propiedad australiana, aún tiene que pagar la multa de casi US$100 millones contemplada para la catástrofe. Más de tres años después, muchos sobrevivientes y familiares de las víctimas aún esperan reclamaciones por daños y viven en viviendas temporales.
Quizás los mercados puedan entrar donde fallan los tribunales. Las acciones de Vale se derrumbaron en la bolsa brasileña y la de Nueva York a principios de esta semana, antes de recuperarse ligeramente. La compañía también está en riesgo de perder su calificación de grado de inversión luego de que Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody´s Investors Service rebajaron su crédito a poco más que basura. La perspectiva de otra acción colectiva de los accionistas y la determinación de la junta parece clara: "Este desastre exige que repensemos la forma en que se gestiona la minería", dijo el economista Carlos Alberto Teixeira, exsecretario de Industria, Comercio y Minería del estado Minas Gerais, la región minera más tradicional de Brasil. "Los inversionistas y las partes interesadas de la compañía tendrán que asumir esto".
Es posible que deseen centrarse no solo en la cantidad de diques que se inspeccionan, apenas más del 3 por ciento en 2017, sino también en que los gobiernos locales, carentes de personal y con desafíos fiscales, no pueden hacer esto. De manera reveladora, Minas Gerais, hogar de las peores fallas de diques de Brasil, declaró una "calamidad financiera" en 2016.
Parte de la solución puede ser la autoinspección, por la cual los mineros asumen la responsabilidad de monitorear y mantener sus propios diques o enfrentarse a sanciones. El nuevo código de minería contiene una provisión para la autoinspección, y las empresas de minería se están alineando.
La solución no es subcontratar la inspección. Incluso la prestigiosa firma de certificación alemana TUV Sued AG no logró detectar el peligro en el dique de Feijao de Vale durante una inspección el año pasado. A menudo, los operadores mineros de la mina se muestran reacios a gastar en salvaguardas ambientales y planes de evacuación y alerta de emergencia.
Las grandes mineras generalmente responden a estándares más altos. Aún así, con el anuncio de esta semana de Vale de que estaba desactivando sus diques de almacenamiento más baratos y obsoletos, como los que explotaron en Feijao y en Mariana, se amdite que las marcas corporativas también se resisten a la modernización.
Pero confiar en los reguladores y políticos flexibles no está funcionando. "No hay manera de que las autoridades gubernamentales puedan inspeccionar y monitorear las miles de represas que se extienden por todo el país", dijo Miguez.
El desastre también fue una advertencia sobre cómo el exceso de gobierno y la gobernanza corporativa defectuosa pueden contaminar las políticas, obstaculizar el desarrollo e incluso volverse mortales. “Sí, los intereses poderosos interfieren en la política pública. Ha sido así a lo largo de nuestra historia y es parte de nuestra cultura política", dijo Teixeira. "Necesitamos encontrar una manera de conciliar las dos cosas y cerrar la puerta a los grupos de presión falsos, sin criminalizar el cabildeo".
A estas alturas, está brutalmente claro que para rescatar a su industria minera y salvaguardar a la población en riesgo, los brasileños deben encontrar la manera de eliminar los atajos peligrosos y la obsolescencia clasificada en la negociación. La burocracia por sí sola no mantendrá la estabilidad de los diques, así como no se garantiza un buen gobierno al respetar las reglas sin tener un plan.
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