La escuela primaria pública Doctor Enrique Delgado Palacios, en el sur de Caracas, se vio obligada a cerrar luego de que su estructura colapsara por filtraciones de agua. Sus 612 estudiantes llevan casi cinco meses tomando clases dos veces por semana en un galpón cercano. Algunos de estos estudiantes no saben leer, incluso a la edad de 12 años.
Pese a toda esta carga, el salario de los docentes es de aproximadamente US$20 al mes, cerca del 5% de la cantidad necesaria para alimentar a una familia de cinco personas en Venezuela.
“Nos la hemos visto muy mal, ha habido días en los que no he tenido nada que comer”, dijo Rosmary Nieves, maestra de educación especial con posgrado y 20 años de experiencia.
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Hartos de condiciones laborales y salarios pésimos, los maestros de escuelas públicas han salido a las calles este año a manifestar de manera masiva en todo el país para exigir mejores salarios y mayor inversión del Gobierno en el sistema educativo. Algunos piden salarios de alrededor de US$600 al mes, lo que representa un desafío dadas las débiles finanzas del Estado.
Las manifestaciones se han convertido en una amenaza para el presidente Nicolás Maduro, que cumple 10 años en el cargo y probablemente se presente para reelección en las presidenciales de 2024. Maduro ha tratado de vender la idea de la normalización en Venezuela a medida que su economía se recupera lentamente.
Pero el Gobierno no ha cumplido sus promesas de aumentar los salarios de los docentes públicos. A muchos se les dificulta alimentar a sus familias, un claro ejemplo de las desigualdades económicas que prevalecen en Venezuela incluso en medio de una recuperación económica.
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“Esta es una situación típica de mayores expectativas”, dijo David Smilde, profesor y experto en Venezuela de Tulane University. “Es claramente una amenaza a la narrativa” del Gobierno de Maduro.
De muchas maneras, los docentes reflejan los altibajos de Venezuela bajo el chavismo. Durante el auge petrolero de 2008, los líderes socialistas invirtieron dinero en la educación pública: la matrícula de estudiantes aumentó y el número de escuelas públicas creció a 23.600 desde alrededor de 19.700 diez años antes, cuando Hugo Chávez llegó al poder.
Durante esos años de auge, poner comida sobre la mesa no era una preocupación para Nieves. Tenía un seguro que le permitió dar a luz a su hija en una clínica privada y pagar sus medicamentos para tratarse la anemia falciforme. Sin embargo, el gasto público comenzó a caer dado que la economía se encaminaba hacia una recesión y la industria petrolera iba en picada por falta de inversión y una mala gestión.
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Al principio, las escuelas enfrentaban problemas menores de infraestructura y seguridad. Luego, comenzaron a fallar los programas de alimentación escolar y los servicios públicos. Las aulas quedaron vacías casi de la noche a la mañana cuando millones huyeron del país, desatando una de las crisis migratorias más graves del mundo. Según un estudio de la consultora internacional DevTech Systems Inc., entre 2018 y 2021, 68.000 docentes de primaria, secundaria y preparatoria abandonaron el país.
Para algunos, la situación es significativamente mejor hoy en día, en gran parte gracias a que el Gobierno permitió la circulación del dólar, lo que detuvo una recesión e incluso generó cierta prosperidad. A pocos kilómetros de la escuela primaria, pasan Ferraris frente a restaurantes lujosos, una imagen digna de escenas de Miami Beach.
Pero para Nieves y sus colegas, la desesperación de los tiempos de vacas flacas no cede. Sus salarios no son en dólares y la inflación, que en 538% anual es una de las más altas del mundo, carcome sus escasos ingresos. Algunos llegan a fin de mes dando clases particulares, cocinando o trabajando como estilistas o manicuristas.
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Sin otras habilidades, Nieves no tuvo otra opción que seguir enseñando. Empezó a dar clases particulares por US$5 cada una, pero solo tiene dos o tres sesiones a la semana.
“No estoy en situación de calle porque el apartamento es de mis padres”, dice Nieves desde su casa en el piso más alto de un edificio en una zona humilde de Caracas, relativamente cerca del estadio de béisbol que Maduro inauguró recientemente tras una inversión multimillonaria.
Sin embargo, el mismo plan parece dar algo de resultado para Andreína Díaz, docente de 35 años. Durante los primeros meses de la pandemia, comenzó a dar clases particulares a niños en su casa en Petare, uno de los barrios populares más grandes de Venezuela, en Caracas. En un par de meses, tenía 12 alumnos. Cuando pasó a 20, tuvo que pedir ayuda a otros colegas. Hoy ayudan a 50 estudiantes todas las tardes, desde niños pequeños hasta adolescentes.
Díaz está contenta con el crecimiento de su “escuelita” y este año renunció a su trabajo como maestra en la escuela pública Alberto Ravell, dejando atrás a 30 niños. Tres colegas se unieron a ella. La que menos gana recibe en una semana lo que recibiría en un mes en una escuela pública —es mejor, pero sigue sin ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas—.
“Un docente sin un buen sueldo no va a dar una buena clase”, dijo Díaz. “Ahorita hay muchos dando clases que no son docentes”.
En enero hubo casi 1.300 protestas, en su mayoría en torno a los derechos laborales y más del doble de la cantidad de las manifestaciones que hubo en el mismo período de 2022, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. A fines de enero, el ministro de Comunas y Movimientos Sociales de Venezuela, Jorge Arreaza, intensificó la frustración cuando afirmó que si los maestros no volvían a las escuelas, los estudiantes y los que terminaran la secundaria podrían reemplazarlos.
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Luego, en febrero, la Asamblea Nacional aprobó una ley para otorgar a los estudiantes una mayor participación en las escuelas primarias mediante el establecimiento de consejos, que se anticipa estarían bajo el control del Ministerio de Educación. Los docentes se han quejado de que la estructura podría darle al Gobierno más control sobre las escuelas públicas y reducir sus funciones.
“Nuestro proceso educativo es inclusivo, y ahora le da más protagonismo a los estudiantes, no para la sustitución de la labor y el deber del docente, por el contrario, sino para fortalecer la política educativa nacional”, dijo la vicepresidenta de Educación de Venezuela, Gabriela Jiménez, en el evento en el que Maduro firmó la ley.
Es similar a lo que hizo el Gobierno con la educación superior hace mucho tiempo, recuerda Smilde, el profesor de Tulane. Pero él cree que estigmatizar a los docentes podría no funcionar a favor de la Administración.
“Hasta ahora, solo están esperando a que pase”, dice Smilde. “Creo que eventualmente intentarán llegar a un acuerdo”.
