"¿Cuándo vas a venir?", pregunta Panchito al teléfono, limpiándose el petróleo de su cabeza calva con un trapo. "No puedo hasta dentro de al menos 15 días", responde The Mummy. "Las cosas están muy calientes. Si puedo venir antes, te llamo”.
Panchito es un mecánico que maneja junto a su esposa un modesto taller de reparación de automóviles en el centro de México y un negocio secundario de venta de combustible robado. Dice que el hombre al que se refiere como The Mummy es un camionero de la compañía petrolera estatal y uno de sus proveedores habituales. Están sintiendo el calor porque el nuevo presidente del país acaba de declarar la guerra a un mercado negro en auge que les ha permitido a ambos prosperar.
Andrés Manuel López Obrador fue elegido el año pasado con el compromiso de limpiar las corruptas instituciones mexicanas. Comenzó apuntando a su compañía más importante, Petróleos Mexicanos, que pierde un estimado de US$3.500 millones al año ante los ladrones. Y eso es sólo una parte de un problema más amplio. Con el aumento de las tasas de delincuencia y una enorme economía informal, ambas relacionadas con una guerra contra las drogas sangrienta y en gran parte sin éxito, México ha dado la impresión de caer en la anarquía.
El intento de López Obrador de contraatacar dio un giro trágico la semana pasada cuando un gasoducto explotó en el estado de Hidalgo, matando a más de 90 personas. Había sido intervenido ilegalmente, y cientos de lugareños que se habían reunido para recolectar su parte de la recompensa resultaron bañados en un géiser de gasolina prémium. Los críticos señalaron que el accidente en una tubería que se suponía estaba bajo vigilancia muestra los límites de la campaña contra el robo de combustible, mientras que el presidente juró redoblar sus esfuerzos.
"Dispuestos a disparar"
López Obrador está prometiendo programas sociales para las comunidades pobres que reduzcan el atractivo del combustible de contrabando, pero también está usando mano dura. Probó el cierre temporal de la mayoría de las tuberías de productos refinados de Pemex y envió soldados y policías para protegerlos, incluido el de Hidalgo, que fue robado de todos modos y luego explotó.
Panchito, cuyo taller de automóviles está en la carretera que lleva allí, mira nerviosamente los camiones militares que pasan. "Estas tropas han venido con órdenes", dice. "Están dispuestos a disparar". Asegura que hay vigías que envían advertencias cuando aparece la policía o el ejército. Solicitó que se ocultara su nombre real para que las autoridades no puedan identificarlo.
El juego se está poniendo más riesgoso, reconoce Panchito. Pero, por ahora al menos, vale la pena. Vende "huachicol", como se conoce al combustible robado, por aproximadamente 13 pesos (68 centavos) por litro, en comparación con más de 20 pesos en estaciones de servicio. Un margen de ganancia superior al 30 por ciento lo ha ayudado a comprar casas en varios estados y un tratamiento para su diabetes.
México tiene un ejército de Panchitos. En los primeros 10 meses del año pasado se registraron 41 intervenciones ilegales en los ductos, 45 por ciento más que en 2017.
La víctima principal es Pemex y su propietario, el gobierno mexicano con pocos recursos. Pero algunas de las compañías de energía más grandes del mundo también se han visto atrapadas en el fuego cruzado. BP Plc y Total SA, que llegaron a México después de que el predecesor de AMLO, Enrique Peña Nieto, abriera la industria a la inversión privada y extranjera, han tenido que suspender el servicio en las estaciones de servicio en los últimos meses porque nunca llegó el combustible que habían pagado.
"Es uno de los mayores problemas que afectan al mercado", dice Ixchel Castro, analista senior de Wood Mackenzie Ltd., consultora de energía. "La buena noticia es que el nuevo gobierno tiene una estrategia".
‘Cruzada épica’
Eso solo es buena noticia si funciona. Alejandro Hope, consultor de seguridad en Ciudad de México, recuerda la guerra contra las drogas lanzada por el presidente Felipe Calderón, justo después de asumir el cargo en 2006. Al principio era popular, pero luego los cuerpos comenzaron a acumularse, y los mexicanos empezaron a preguntarse si su gobierno sabía lo que estaba haciendo.
AMLO ha optado por "una cruzada épica en lugar de un esfuerzo sistemático y permanente para poner fin al robo de gasolina", asegura Hope. "Ha centrado su estrategia en cerrar la oferta y detener la red comercial, pero no en apartar a los grupos que controlan el robo".
El gobierno dice que ha arrestado a más de 400 personas por robar combustible desde que López Obrador asumió el cargo el 1 de diciembre. Ha congelado cuentas bancarias y está investigando a exfuncionarios por complicidad. Se ha desplegado soldados en las terminales y refinerías de Pemex. También vigilarán las tuberías a intervalos de 20 kilómetros hasta que se pueda instalar una mejor tecnología para evitar las interceptaciones, anunció el portavoz del presidente, Jesús Ramírez, en una entrevista.
Independientemente de lo haga a los ladrones, la política conlleva costos a corto plazo para la economía. Con las tuberías cerradas, Pemex y otros proveedores tuvieron que usar camiones cisterna más costosos y más lentos. La mayoría de las tuberías se reabrieron, pero no antes de que la escasez disminuyera más de 0,1 puntos porcentuales del PIB del primer trimestre, según el banco local Banorte.
‘Vinieron a matar’
El desastre en Hidalgo demostró lo difícil que es vigilar las tuberías, pero las carreteras no son mucho más fáciles. "No pueden ver cada kilómetro", asegura Pablo Álvarez, director de logística de Grupo Idesa, que es dueño de la empresa de carga Excellence Freights, con sede en Ciudad de México. "El riesgo va a aumentar" para los conductores, dice, porque los huachicoleros que no pueden robar tuberías pueden secuestrar camiones.
El mercado negro está en todas partes en México, donde casi 60 por ciento de la fuerza laboral está fuera de la economía formal, y la gasolina ha sido uno de los pilares más importantes. Desde la década de 1980, pequeños delincuentes, en connivencia con empleados de Pemex, la han estado robando y vendiendo. Pero el problema se intensificó hace aproximadamente una década, cuando las violentas pandillas de narcotraficantes se interesaron.
Panchito recuerda que en 2008, después de tres años en el negocio, fue descubierto por el cartel de los Zeta, que exigía 10.000 pesos al mes. Dice que lo amenazaron con ametralladoras, que lo golpearon y lo secuestraron. Luego, "vinieron a matar. No había más remedio que negociar”. Tuvo que pagar a los narcos una parte de sus ganancias, hasta hace unos cuatro años. ¿Qué cambió? "Se mudaron a Poza Rica”, un centro petrolero en el vecino estado de Veracruz, dice encogiéndose de hombros.
‘Deteniendo todo’
Panchito dice que se está adaptando a tener menos existencias: compra latas de diésel de 25 litros del mercado negro que llegan a su taller, en lugar de los envíos semanales habituales de dos tambores de 200 litros de The Mummy. Los acuerdos se realizan tarde en la noche durante los fines de semana, cuando hay menos patrullas.
Si la oferta se ha mantenido, también lo ha hecho la demanda. Green Chili, un camionero que pidió ser identificado solo por su apodo, dice que comprar combustible robado de Panchito le ahorra más de 2,000 pesos cada vez que transporta mandarinas en la ruta de seis horas desde Veracruz hasta el Estado de México. Eso es casi una quinta parte de sus ganancias brutas.
"Me permite comprar comida y ganarme la vida dignamente", dice, sonriendo para revelar un diente de oro mientras llena su tanque con el líquido verde brillante.
Panchito levanta la vista de un cubo de agua jabonosa, donde se lava el petróleo las manos. "De una forma u otra, México se mueve en esta economía clandestina", dice el ladrón. "No se puede detener el huachicol sin detener todo".
