Semanas después de que los argentinos optaron por Alberto Fernández en una elección general, una demanda presentada por tres fondos de cobertura trae a la memoria de algunos los días económicos más oscuros del país.
Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP y Hirsh Group LLC están demandando al país por no cumplir con las garantías del PIB, valores que amortizan a medida que la economía del país se expande. Cuando el país incumplió con una deuda de US$95.000 millones en 2001, en medio de la peor crisis económica de su historia, se ofrecieron las garantías a los tenedores de bonos como parte de su programa de reestructuración. Los fondos de cobertura dicen que la nación manipuló sus cifras del producto interno bruto en 2013 para evitar pagos y está presentando una demanda ante el Tribunal Supremo de Londres para recuperarlos.
El caso es un claro recordatorio del litigio de 13 años que siguió al incumplimiento de 2001, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desobedeció las órdenes judiciales de pagar a los llamados tenedores de bonos de “fondos buitre”, incluido Aurelius Capital Management LP. En 2016, el gobierno del presidente promercado Mauricio Macri acordó pagar US$4.650 millones a los fondos para distender las relaciones con los inversores internacionales. La elección de Alberto Fernández, cuya vicepresidenta es Fernández de Kirchner, podría generar temores de un regreso a los viejos tiempos.
Los fondos poseen US$6.100 millones en valores denominados en euros vinculados al PIB. Según sus documentos, el crecimiento anualizado del PIB durante los primeros tres trimestres de 2013 fue del 5,6% y, sin una contracción económica importante en el último trimestre, los valores debieron recibir un reembolso significativo. Luego, Argentina reformuló la manera en que calculaba el crecimiento del PIB, al publicar cifras que fueron mucho más bajas de las esperadas y demasiado bajas para estimular un pago.
Los fondos de cobertura dicen que el país intentó engañar a los inversores, ya sea voluntaria o accidentalmente, al publicar estadísticas inexactas del PIB. En sus presentaciones judiciales, los fondos señalan que el gobierno argentino manipuló las estadísticas económicas en el pasado, señalando los cambios realizados en los datos oficiales de inflación en 2007 que redujeron los pagos a los tenedores de bonos.
El país niega haber manipulado las cifras del PIB para evitar pagar a los inversores, al afirmar en sus documentos judiciales que el cambio era necesario debido a que el antiguo método ya no reflejaba su economía. Una demanda de US$84 millones, iniciada por Aurelius en Estados Unidos por las mismas razones, fue anunciada a principios de este año.
La demanda se presentó en agosto y el tribunal puso a disposición los documentos la semana pasada.
Los representantes de los fondos de cobertura declinaron hacer comentarios sobre la demanda. Un funcionario de la embajada argentina en Londres declinó comentar de inmediato sobre el caso.
