La semana pasada, el Gobierno del presidente Mauricio Macri dijo a los argentinos que tendrían que pagar el dinero adeudado a las perforadoras de gas natural tras la depreciación de la moneda. Ahora, en una marcha atrás, puede que sea el Gobierno el que ponga el dinero.
El fiasco muestra lo difícil que le está resultando a Macri complacer tanto a los inversores como a los votantes, sin mencionar a los políticos de la oposición y, ahora, al Fondo Monetario Internacional.
Entre los tropiezos se incluye un discurso retransmitido por televisión en agosto con el que el presidente pretendía calmar a los argentinos por la depreciación de la moneda. En lugar de ello, Macri asustó a los mercados y exacerbó la crisis.
También está el torpe recorte de subsidios a la energía en 2016 para reducir el déficit fiscal: los tribunales dieron marcha atrás a la medida ya que el Gobierno no llevó a cabo audiencias públicas.
Ahora Macri necesita que los políticos de la oposición aprueben su presupuesto de 2019, el cual incluye medidas de austeridad impopulares, pero necesarias, para asegurarse de recibir miles de millones de financiación del FMI. Por lo que, cuando los políticos rechazaron las tarifas al gas, las cuales habrían perjudicado a los votantes que ya sufren de una caída del poder adquisitivo en medio de una inflación del 30 por ciento, Macri cedió.
Pero es un acto de equilibrio muy difícil. Cualquier señal de que las presiones políticas podrían entorpecer el cumplimiento de los objetivos del FMI sería una alarma para los inversores.