El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quiere que se excluyan al menos 151 mil millones de reales (US$28.000 millones) del tope de gasto público en medio de negociaciones para dar paso a mayores desembolsos sociales, dijo un aliado cercano.
La Administración no aceptará un monto menor porque sería demasiado poco para hacer frente a las demandas sociales de Brasil, dijo en una entrevista Lindbergh Farias, que participa en el Gobierno de transición de Lula y milita en el Partido de los Trabajadores desde hace mucho tiempo. El equipo del presidente electo está evaluando medidas provisionales como una alternativa si se estancan las enmiendas constitucionales propuestas, sostuvo Farias, agregando que el crédito único también permitiría aumentar el gasto.
“Una medida provisional para un gasto único es una forma simple y viable de avanzar”, dijo Farias, quien también fue elegido para la Cámara Baja del Congreso. “Hay gente que piensa que ‘es una enmienda constitucional o la muerte’, y no lo es”.
Lula está iniciando una semana crucial para las conversaciones en torno a un plan para eliminar una regla que limita el crecimiento del gasto público a la tasa de inflación del año anterior. Su equipo inicialmente presentó una propuesta para eximir 175 mil millones de reales de ese tope de forma indefinida para liberar margen para gastos sociales. Algunos legisladores están presionando para que la exención sea de solo dos años.
El presidente saliente, Jair Bolsonaro, ha aumentado las entregas de efectivo a través de su programa Auxilio Brasil a 600 reales al mes, pero reservó dinero para entregas de solo 400 reales en el presupuesto del próximo año. El equipo de Lula planea cambiar el nombre de la iniciativa a Bolsa Familia y mantener el monto de 600 reales.
La enmienda constitucional se está convirtiendo en un dolor de cabeza para Lula porque requiere más votos en el Congreso e, incluso antes de asumir el cargo en enero, tendría que dar más concesiones a otros partidos a cambio de su apoyo.
Los partidos que están trabajando en el Gobierno de transición podrían presentar consultas al Supremo Tribunal Federal y a los tribunales de cuentas para garantizar que el proceso sea legal, dijo Farias.
La eliminación de 151 mil millones de reales del tope en 2023 mantiene la neutralidad fiscal y no representa un aumento del gasto público para el próximo año, indicó.
