Los mexicanos quieren que el Gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, abandone un proyecto de US$13.000 millones para construir un nuevo aeropuerto internacional para la capital del país, y que en su lugar elija una alternativa más económica que requiera la mejora y la expansión de las instalaciones existentes. El peso se hundió en la sesión de negociación en Asia.
En una "consulta" nacional de cuatro días que concluyó el domingo, casi el 70 por ciento de los 1,07 millones de participantes votaron en contra de la finalización de uno de los mayores proyectos de infraestructura del país. Organizada y financiada por el partido Morena de López Obrador, la consulta contó los resultados de centros de votación en más de 500 ciudades. Los planes para un sondeo puerta a puerta, que se iba a llevar a cabo en los últimos días de la consulta, se descartaron antes de que comenzara la votación.
Ubicado en la ciudad de Texcoco, al noreste de la capital Ciudad de México, se había previsto que el nuevo aeropuerto reemplazase al internacional Benito Juárez, que registró el volumen de tráfico de pasajeros más elevado de América Latina el año pasado. López Obrador dio señales contradictorias sobre sus intenciones durante la campaña electoral, después de prometer que cancelaría el proyecto que ya costó miles de millones y cuyas obras se han completado en más de una tercera parte.
López Obrador, que basó su campaña en la introducción de reformas anticorrupción para las elecciones del 1 de julio, dijo que el proyecto estaba plagado de corrupción y suponía una pérdida de dinero de los contribuyentes. Tras su victoria, el presidente electo propuso realizar la consulta pública esta semana, que según los analistas le permite mantener sus opciones abiertas con contratistas y votantes por igual.
Según los analistas de BBVA Bancomer, el costó de la cancelación podría elevarse a US$10.500 millones. Abandonar el proyecto podría acelerar el pago del capital e intereses de bonos por US$6.000 millones que el grupo a cargo de la construcción emitió para financiar las obras. Si bien la decisión no debería implicar una rebaja de la calificación de México por sí misma, podría aumentar la incertidumbre sobre la fortaleza del Estado de derecho para hacer negocios en México, dijo BBVA.
López Obrador se comprometió a respetar el resultado de la consulta, que no es vinculante y técnicamente no es un referéndum, ya que el Instituto Nacional Electoral no participó. La logística de la consulta fue desarrollada y coordinada por la Fundación Arturo Rosenblueth, una organización sin fines de lucro. Los voluntarios supervisaron los 1.073 centros de votación repartidos por 538 municipios en todo el país.
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