Mientras los países regatean sobre los objetivos climáticos y las empresas se comprometen con los recortes de dióxido de carbono, el sistema de comercio mundial ha estado presionando en la dirección opuesta.
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Eric Roston
Mientras los países regatean sobre los objetivos climáticos y las empresas se comprometen con los recortes de dióxido de carbono, el sistema de comercio mundial ha estado presionando en la dirección opuesta.
Los aranceles y otras barreras están proporcionando subsidios indirectos al combustible fósil, según una nueva investigación que cubre 163 industrias en 48 países. Joseph Shapiro, economista de la Universidad de California, Berkeley, autor del trabajo, lo llama un “sesgo ambiental” que no se ha medido en el sistema de comercio. Encontró que vale entre US$550.000 millones y US$800.000 millones al año, más que los subsidios directos como los incentivos fiscales pagados por los gobiernos a los grandes emisores en 2007.
“Esta investigación señala que diferentes conjuntos de políticas que parecen completamente separadas –política comercial y cambio climático– están conectadas de manera bastante estrecha de maneras que las personas podrían no haber notado”, dijo Shapiro en una entrevista.
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Es un accidente que tiene un sentido desafortunado dada la forma en que los bienes se mueven alrededor del mundo. Shapiro descubrió que hay dos cosas que están sucediendo paralelamente.
Primero, las cadenas de suministro globales comienzan con un alto contenido de carbono, ya que las fábricas procesan materias primas para convertirlas en acero, plástico, aluminio u otros productos básicos. Luego, la fabricación de esos materiales en bienes de consumo requiere menos energía y habilidades más diversas. Como resultado, la fabricación en etapas posteriores o “aguas abajo” es intrínsecamente más limpia que las actividades “aguas arriba”, como el procesamiento de minerales.
La segunda tendencia que causa lo que Shapiro llama un sesgo ambiental tiene que ver con cómo emergen los aranceles y otras barreras. Las empresas quieren barreras comerciales bajas o nulas en las materias primas que necesitan porque les ayuda a mantener sus costos bajos. Más tarde, cuando fabrican sus productos, abogan por la protección comercial, ya que mantiene sus precios relativamente atractivos para sus clientes. (También hay una razón de eficiencia económica: cuanto antes se introduzcan los aranceles en una cadena de suministro, mayores serán las distorsiones que crean en los precios a medida que los bienes se mueven hacia los consumidores).
Cuando se combinan estas tendencias, producen el efecto sobre el que escribe Shapiro. Las industrias “aguas arriba” tienden a ser usuarios intensivos de energía que enfrentan bajas barreras comerciales. Las industrias “aguas abajo”, más cercanas a los consumidores, tienen huellas de CO₂ más ligeras y, perversamente debido al cambio climático, aranceles más altos.
Katheryn Russ, economista de la Universidad de California, Davis, apareció con Shapiro en una conferencia climática en noviembre en la Universidad de San Francisco. Elogió el trabajo de Shapiro y sugirió un siguiente paso: que los investigadores analicen los esfuerzos cada vez mayores de las naciones para levantar barreras, particularmente en metales clave como el acero. ”Desearía que la gente hubiera pensado hacer esto mucho antes”, dijo.
Una solución al problema, dice Shapiro, aseguraría que los acuerdos comerciales traten a las industrias más sucias aguas arriba y más limpias aguas abajo de la misma manera, ya sea aumentando los aranceles a las primeras o disminuyéndolos a las segundas. Hacerlo podría hacer extraños compañeros de causa a la industria pesada y los ambientalistas. Ahora, los activistas climáticos que presionan por reducciones de CO₂ en el comercio básicamente le pedirían a los gobiernos lo mismo que a las empresas, presionando por un sistema de aranceles que no trate las contaminantes altas y bajas de manera diferente.
La nivelación de los subsidios implícitos podría reducir la contaminación por CO₂ más que incluso políticas climáticas a gran escala, como el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, descubrió Shapiro. Los economistas estadounidenses han sugerido comúnmente que un impuesto razonable sobre las emisiones de CO₂ podría costar a los contaminadores US$40 por tonelada. Los efectos de las políticas comerciales, según la investigación de Shapiro, equivalen a cobrar a los contaminadores entre US$85 y US$120 por cada tonelada de CO₂ emitida.
La política de cambio climático y la política comercial han vivido separadas, hasta ahora. Shapiro cree que su investigación puede ayudar a los formuladores de políticas climáticas a prestar mayor atención a los efectos ocultos de los acuerdos comerciales sobre la contaminación.
