El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aceptó las renuncias de sus ministros de Interior, Hacienda y Economía, entre otros, después de 10 días de manifestaciones, a menudo violentas, que dejaron de cabeza la política del país, famosa por su régimen de libre mercado.
Las modificaciones representan un cambio medular mientras el multimillonario presidente enfrenta dificultades para convencer al país de que su voz fue escuchada.
El cambio de Gabinete se produce después de que el presidente hiciera un llamado al Ejército para restablecer el orden, en medio de protestas contra un aumento en las tarifas del metro que desencadenó una ola de disturbios y saqueos. El viernes, más de un millón de personas marcharon pacíficamente por Santiago en la manifestación más grande en la historia del país para exigir una mayor igualdad, la renuncia de Piñera y una nueva Constitución.
“Nuestro gobierno ha escuchado el mensaje fuerte y claro de los chilenos, que piden y merecen un país más justo y solidario”, dijo Piñera. Al mismo tiempo, “tenemos que actuar con seriedad, responsabilidad, sin populismo ni demagogia”.
El índice de aprobación del presidente cayó a 14% la semana pasada cuando las protestas paralizaron a las ciudades más grandes del país, según una encuesta realizada por la firma de estudios de mercado Cadem.
El primo saliente
Piñera nombró a Gonzalo Blumel como ministro del Interior y a Ignacio Briones como ministro de Hacienda.
Briones es actualmente decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene un doctorado en economía política del Institut d´Etudes Politiques de París y títulos de economía y ciencias políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante el primer gobierno de Piñera fue coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda y embajador ante la OCDE entre 2013 y 2014.
Tengo “una buena percepción del personaje y académico experto en políticas públicas. Una gran incógnita es si su falta de experiencia política le va a pasar la cuenta”, dijo Tomás Izquierdo, economista y gerente general de la firma de investigación Gemines Consultores.
También dejaron hoy sus cargos Andrés Chadwick, ministro del Interior, y Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía.
Chadwick fue blanco particular de descontento popular por la violenta represión de las protestas y debido a que es primo de Piñera. Su reemplazo, Gonzalo Blumel, de 41 años, hasta ahora se desempeñaba como ministro Secretario General de la Presidencia, que coordina las relaciones con el Congreso.
Fontaine fue otro blanco de críticas después de señalar que, para evitar los precios más altos del metro, las personas deberían levantarse más temprano para tomar el metro fuera del horario punta. Un estudio de este año concluyó que muchas personas en Santiago deben viajar hasta dos horas para llegar a sus lugares de trabajo.
La creciente ira
Es poco probable que el cambio de Gabinete calme la ira por la forma en que Piñera ha manejado las protestas. Más de 1.000 personas han resultado heridas y se han producido sobre 3.000 arrestos, según el Instituto de Derechos Humanos de Chile. La policía y las fuerzas armadas son responsables, en conjunto, de cinco muertes que enfrentan cargos de homicidio, indicó el instituto el 22 de octubre.
Este “cambio en el equipo político, por edad y subcultura, podría tener una llegada más directa con la sociedad civil”, sostuvo Izquierdo.
La envergadura de las protestas muestra el enorme desafío que enfrenta el gobierno de centroderecha de Piñera. El presidente inicialmente abordó la violencia como un asunto de orden público, y declaró que el país estaba en guerra con criminales. Eso solo empeoró las cosas. Luego se disculpó por no reconocer las quejas genuinas y anunció medidas que incluyeron aumentar los impuestos para los trabajadores de altos ingresos y elevar las pensiones básicas.
Si bien se han saqueado más de 600 supermercados, la tasa de graves eventos violentos se ha ralentizado. Las pérdidas para el sector minorista de Chile debido al saqueo y las pérdidas en las ventas alcanzaron los US$1.400 millones desde que comenzaron las protestas, según la Cámara de Comercio de Santiago.
La expresidenta chilena Michelle Bachelet, que actualmente es la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, dijo que enviaría un equipo para investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, una medida que el gobierno recibió con beneplácito.
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