El presidente electo Jair Bolsonaro apunta a vender el tesoro petrolero que se esconde bajo el mar de Brasil, pero a semanas después de su elección se enfrenta a los mismos obstáculos políticos que sus dos antecesores.
Mientras que el equipo de transición de Bolsonaro afirma que la venta podría recaudar unos US$30.000 millones para ayudar a cubrir un déficit fiscal, una disputa sobre cómo repartir el botín entre varios estados y municipios amenaza con frustrar el plan incluso antes de que el presidente electo asuma el cargo.
Esta semana, el titular del Senado, Eunicio Oliveira, suspendió un proyecto de ley clave que autoriza la licitación, asestando un golpe a las esperanzas de Bolsonaro de que pronto se despejaría un camino para que las grandes petroleras oferten por los yacimientos.
En juego está una parte de las reservas de crudo en el denominado presal, que se encuentran bajo el lecho marino del Océano Atlántico y cuya viabilidad comercial comprobó la estatal Petróleo Brasileiro SA. Exxon Mobil Corp. y Royal Dutch Shell Plc han expresado interés en los campos, que se estima contienen más crudo que las reservas probadas de Noruega.
Bolsonaro, un excapitán del Ejército, ganó una polarizada contienda electoral en octubre prometiendo revertir políticas de años de gobierno de izquierda y vender activos energéticos para apuntalar las finanzas públicas.
“La subasta traerá valiosos recursos a Brasil y al gobierno y ayudará con el déficit fiscal”, señaló en una entrevista este mes el asesor de Bolsonaro, Luciano de Castro.
Pero seguir adelante con la venta está demostrando ser una desafiante tarea, ya que el equipo del presidente electo necesita negociar con docenas de partidos políticos y estados con diferentes agendas.
’Transferencia de derechos’
La legislación que se estancó en el Senado esta semana quitaría a Petrobras los derechos exclusivos para operar en la denominada área de “transferencia de derechos”. Esa es una propuesta controvertida en un país donde el nacionalismo y el petróleo tienden a ir de la mano. En el pasado, el propio Bolsonaro ha defendido el control estatal de los recursos del país.
Los derechos de 5.000 millones de barriles de petróleo del gobierno fueron transferidos a Petrobras en 2010 como pago por las acciones que el Estado compró en la compañía como parte de una venta de US$70.000 millones en acciones nuevas. Pero a medida que el productor perforaba la zona, encontró mucho más crudo del que tenía derecho en el contrato, lo que dejó al gobierno con un superávit, mientras que Petrobras siguió siendo la única empresa autorizada para operar esos campos.
Bajo riesgo
El área es atractiva y de bajo riesgo porque Petrobras ya ha hecho importantes descubrimientos, hay equipamiento en el lugar y se pagaron impuestos, señaló el analista de UBS Luiz Carvalho. "Estos son proyectos que sobreviven incluso si los precios del petróleo caen a US$20 por barril", comentó Carvalho el jueves en un evento en Río.
Pero a los productores les gustaría tener garantías regulatorias y políticas antes de invertir miles de millones de dólares para explotar las reservas que están ubicadas a unos 160 kilómetros de la costa. Y tanto el gobierno actual del presidente Michel Temer como el equipo de Bolsonaro temen que se pierda la oportunidad de capitalizar plenamente los activos energéticos del país si la subasta planificada sigue estancada en el Congreso.
"Durante cinco años hemos estado discutiendo esto", señaló el jueves el secretario ejecutivo del ministerio de Minas y Energía, Marcio Félix. "Si no avanzamos ahora y volvemos a empezar, la oportunidad puede quedar atrás".
