El diputado venezolano Diosdado Cabello presentó un proyecto de ley el martes que restringiría severamente la independencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG), muchas de las cuales entregan ayuda humanitaria en el país, donde millones enfrentan escasez de alimentos.
Cabello, uno de los aliados más cercanos del presidente, Nicolás Maduro, dijo que el proyecto de ley pretende crear un registro que revele a los beneficiarios de las organizaciones y prohibirles promover actividades que atenten contra la “estabilidad nacional o institucional”, sin agregar detalles. Dijo que las ONG como US Agency for International Development (USAID) eran “herramientas” operadas por Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de Venezuela.
“¿Nos quedamos nosotros con los brazos cruzados sabiendo que los enemigos de esta patria están recibiendo dinero, recursos, y no vamos a hacer absolutamente nada?” dijo Cabello, al presentar la propuesta ante la Asamblea Nacional. “¿O comenzamos a generar los mecanismos legales para que esas mal llamadas ONG y los que están al frente de esas fachadas rindan cuenta ante algún instrumento?”
Más de 400 organizaciones operan en Venezuela abordando una serie de problemas humanitarios, desde la desnutrición hasta la alfabetización y el acceso a agua limpia, problemas que surgieron por una crisis económica sin precedentes que provocó que más de siete millones de personas huyeran del país.
El Comité Internacional de Rescate advirtió el martes que las condiciones podrían empeorar este año, ya que un aumento en la inflación ha dejado a unos 12,3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.
“Entonces lo que viene es una gran persecución a las ONG”, dijo Laura Louza, abogada y directora de Acceso a la Justicia, que trabaja en temas de derechos humanos y brinda asistencia legal a otras ONG. “Es posible que muchas ONG y defensores de derechos humanos se vayan del país”.
Si bien el proyecto de ley recibió la aprobación preliminar de la mayoría de los diputados el martes, pasará por un proceso de consulta pública antes de una segunda y definitiva aprobación.
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