Alertan por la privatización de AySA: “El agua dejará de ser un derecho y pasará a ser un negocio”

La docente e investigadora María Eva Koutsovitis advirtió en Bienvenidos al Tren que el Gobierno avanza “rápidamente” en la privatización de AySA, la empresa estatal que brinda agua potable y cloacas a 15 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población del país.

Según explicó, este proceso implica “un cambio de paradigma”. Señaló que se pasa de entender el agua como un derecho humano y un bien esencial a una lógica mercantilista: “dejamos de ser usuarias para convertirnos en clientas de una empresa privada que presta un servicio”. Koutsovitis recordó que la privatización se habilitó con la Ley Bases, que incorporó a AySA dentro del listado de empresas a privatizar. Luego, el Decreto 493 modificó de manera directa las condiciones de acceso al agua potable.

El Gobierno inicia el proceso de privatización de AySA: cuál es el plazo

Entre los puntos más críticos, detalló que el decreto establece que, si una persona se atrasa 60 días, la empresa podrá cortarle el suministro. También habilita la actualización tarifaria diaria si la compañía lo considera necesario y elimina la obligación de expandir las redes. Actualmente, dentro del área de cobertura, 11 millones de personas tienen acceso al agua y 8 millones al servicio de cloacas, pero miles aún esperan obras. “Si la empresa privada no tiene obligación de expandir, quienes viven en villas o barrios populares y esperan acceder formalmente no van a poder hacerlo”, alertó.

Consecuencias: desigualdad, salud y falta de expansión

Koutsovitis advierte que uno de los efectos más preocupantes será la falta de garantía para la expansión del servicio. Al quitar la obligación de construir nuevas redes, el modelo privado podría dejar de lado a zonas vulnerables: “quienes viven en villas o barrios populares y esperan acceder formalmente al agua y a las cloacas no van a poder hacerlo”, alertó. Esa exclusión, explicó, profundizaría inequidades estructurales.

Además, la investigadora advirtió que las nuevas reglas permiten que se corte el agua por falta de pago, algo que no estaba habilitado bajo el régimen anterior. Para ella, esto no es un mero ajuste administrativo: “habilitan que nos corten el agua, algo que no existía antes de este decreto presidencial”.

Desde su mirada, esta privatización no solo es un tema de mercado sino también de salud pública. Koutsovitis plantea que la provisión de agua y cloacas es clave para prevenir enfermedades y que la infraestructura sanitaria debe ser garantizada desde el Estado. Señala que, en muchos sistemas de saneamiento, hay un fuerte retorno social de la inversión: por cada dólar invertido en saneamiento, el sistema de salud se beneficia.

BR