Seis días después de que estallara el escándalo por la estafa con Viva La Libertad Project y su criptomoneda $LIBRA, el presidente de la Nación, Javier Milei, principal involucrado en la operación que supuso un desfalco para inversores digitales, creó la Unidad de Tareas de investigación, dependencia cuya misión consistía en recabar información relacionada con el criptoactivo y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o con el Ministerio Público Fiscal. Menos de 90 días después, el mismo Ejecutivo ordenó su disolución por medio de una publicación en el Boletín Oficial.
Luciana Bertoia presentó la noticia en "Desde el canil". La periodista informó que la unidad funcionaba bajo el paraguas del ministerio de Justicia de la Nación que encabeza Mariano Cúneo Libarona, quien consideró que el departamento ya no tenía razón de ser dado que "le enviaron al fiscal Eduardo Taiano toda la información obtenida". La periodista explicó que si bien es verdad, la disuelta unidad no colaboró proactivamente con la Justicia. Los datos enviados provinieron de dependencias como la Oficina Anticorrupción, la Casa Militar y el Banco Central, aunque algunos informes ya estaban en marcha antes del requerimiento oficial, explicó Bertoia. Luego subrayó que desde la unidad se limitaron a enviar documentación, sin más.
Quien en su momento fue designada por el propio Gobierno para estar a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación es Maria Florencia Zicavo, jefa de gabinete de la cartera de Justicia. La funcionaria, de bajo perfil, fue la encargada de instrumentar recortes presupuestarios en la ex ESMA y limitó políticas migratorias, según relató la periodista. Zicavo siempre se rehusó a ser interpelada en el Congreso.
Pese a la disolución de la unidad, la investigación que busca determinar el grado de responsabilidad de Javier Milei en la consumación de la estafa con $LIBRA sigue su curso en otros espacios. En el programa que se emite de lunes a viernes a las 18 por Bravo TV mencionaron que la Cámara de Diputados está en tratativas para la designación de las autoridades de la Comisión Investigadora, lo que podría activar sus tareas. Además, existe en Estados Unidos una causa judicial impulsada por el FBI.
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“Se suponía que la unidad debía asistir a la fiscalía y al jueza, pero nadie le dijo ‘gracias, ya está, no hagan más nada’. Simplemente, la disolvieron”, cerró Bertoia. Sin resolución judicial ni rendición política, el cierre del departamento clausuró una de las vías por las que se intenta saber quiénes fueron los involucrados en la estafa concretada aquel 14 de febrero y cuál es el grado de responsabilidad que a cada uno le cabe, incluido el presidente.
LB / FPT