Avanza en el Congreso el debate por la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet), el primero de los tres proyectos de ley en los que se desglosó la llamada reforma laboral. Se trata de un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, que tendrá como objetivo fijar criterios “objetivos, explícitos y transparentes” para definir las políticas de cobertura del sistema.
“Fundamentalmente en lo que va a tener injerencia es en definir, por ejemplo, qué medicamentos, dispositivos, o prácticas médicas se recomienda que se incorporen al Programa Médico Obligatorio (PMO), dentro de qué subgrupo de pacientes, quiénes son los que tienen mayor evidencia científica de beneficio, en qué condiciones, cuál es el impacto presupuestario; todos estos criterios que tienen que ver con la efectividad clínica pero también con la costo-efectividad”, le explicó a PERFIL Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de la Nación.
La Agnet también apunta a disminuir el nivel de litigiosidad en contra de las obras sociales y prepagas. Según los últimos datos oficiales, en 2017 se presentaron a la Justicia casi tres mil amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir medicamentos o procedimientos médicos no incluidos en el PMO. “Reducir la litigiosidad es el objeto deseable pero en realidad el objetivo principal es mejorar la efectividad y la equidad”, sostuvo Rubinstein.
“Lo que hoy está pasando es que se acciona a la Justicia para que una obra social entregue una medicación, el juez define y el financiador o el Estado debe cumplir con la ley. Esa es una medida discrecional. El primero que llega es el primero en ser atendido. Lo que no se sabe es el costo de oportunidades. Uno decide cubrir una medicación pero el costo equivale a cientos de miles de otros tratamientos que se dejan de cubrir. Estas decisiones deben ser tomadas de manera racional para evitar esta discrecionalidad”, agregó el ministro.
—¿La Agencia pondrá barreras al ingreso de nuevos medicamentos al PMO?
—Uno no puede dejar de reconocer que ha habido una escalada de costos en salud. Si no empezamos a poner criterios claros sobre cómo incorporamos las nuevas tecnologías, el sistema de salud se hace insustentable. En Argentina el 10% del PBI es gasto en salud: uno de cada diez pesos. Y esto, lejos de bajar, está subiendo. Uno de los ejes de la política del Ministerio es avanzar en políticas de reducción de precios y mejoramiento de acceso a los medicamentos y nuevas tecnologias con el objeto de que lleguen a todos los que la necesitan. Y, por el otro lado, definir claramente cuáles son las condiciones de cobertura para que se apliquen en aquellos que puedan beneficiarse.
—¿Cómo se va a organizar la Agnet? ¿Quiénes fijarán los criterios de inclusión de medicamentos al PMO?
—Habrá un comité técnico consultivo que estará formado por todos los representantes de los diferentes financiadores. Van a estar el Estado, las obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y las prepagas. La Agencia hará sus propias evaluaciones, así como comisionará a universidades e instituciones académicas. Hoy en todo el mundo existen agencias nacionales de evaluación de tecnología. En América Latina: Brasil, Colombia y México, tienen y hay otros países avanzando en esto, como Uruguay y Chile. Hay una preocupación mundial por mejorar la efectividad y eficiencia de los tratamientos y, por el otro lado, hacer susentables los sistemas de salud.
—¿Y van a estar representados los laboratorios? El temor es que haya influencia o conflicto de intereses...
—Van a estar representados las asociaciones de pacientes, la Defensoría del Pueblo, instituciones científicas, Anmat y un bioeticista. No se incluye a los productores. Esto no quiere decir que, en algún caso especial, cuando se está evaluando algún medicamento, no se les haga una consulta, pero de ninguna manera tomarán parte de las decisiones sobre si se cubre o no un medicamento, a qué pacientes y cómo. La Agencia es algo que se necesita para tener un sistema de salud más justo.
Incomodar a los laboratorios
Desde el kirchnerismo, la fundación Soberanía Sanitaria había criticado el proyecto ya que “limita la posibilidad del Congreso Nacional de incluir nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO) por ley; interviene luego de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que podrá autorizar la venta de productos que posteriormente pueden no estar en el PMO y, por ende, será el paciente quien deba pagarlos de su bolsillo”.
Por otra parte, advirtieron que el proyecto muestra que la Agencia estará administrada por “grupos con claros conflictos de interés con los fines de la institución” (representantes de obras sociales y de empresas de medicina prepaga).
El ex ministro de Salud del gobierno anterior, Daniel Gollán, coincidió en que debe haber una agencia, pero explicó que si se aprueba con el formato actual (la propuesta oficial), “los afiliados a obras sociales y prepagas terminarán teniendo un aumento significativo de su gasto en salud, que pagará de su bolsillo”.
Y propuso que “si la Agnet determina que un medicamento o tecnología no es efectivo, no debería registrarse ni circular libremente por el sistema de salud”.
Además, propuso que “la filosofía que guíe a esta agencia debe ser incomodar a los grandes laboratorios multinacionales. Va a haber juicios pero hay que aceptar que debemos enfrentar intereses. Es una decisión política”.
