Una foto comprometedora en Instagram, un comentario sacado de contexto en Facebook o un usuario malintencionado en Twitter pueden manchar la reputación online de cualquier persona. Internet acumula datos y nunca olvida. Pero ¿cómo hacer para deshacerse de estos contenidos? La solución es el cleaning digital, que consiste en limpiar nuestra imagen en la red. En Argentina ya existen empresas especializadas que ofrecen este servicio por hasta $ 50 mil, y cada vez tienen más demanda.
“Es una tendencia en alza porque difamar a una persona en internet es fácil y barato. Todos están parados bajo el precepto de la libertad de expresión y entonces cualquiera dice cualquier cosa”, explicó a PERFIL Fernando Tomeo, abogado especialista en tecnologías y seguridad informática y profesor de la UBA. A diferencia de lo que se cree, no todos sus clientes en Global News son políticos o famosos: “El 50% es gente común y corriente”.
La reputación online –todo lo que decimos u otros dicen de nosotros en la web– cada vez es más importante. La mayoría de los empleadores ven las redes sociales de los postulantes antes de contratar. Y la semana pasada, el director de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo que funcionarios del gobierno de Trump analizan la posibilidad de pedir a los visitantes extranjeros revelar todas las redes sociales y sitios web que visitan para ingresar a EE.UU.
“Las redes sociales son una extensión de nuestra personalidad, en este caso, virtual. Lo que a veces sucede, y es ahí donde está el problema mayor, es que hay una falta de conciencia sobre lo que implica esa extensión virtual del yo. Se manejan parámetros como si fueran de la presencialidad y no se tiene en cuenta que hay una diferencia entre el yo presencial y el yo digital”, reflexionó Francisco Albarello, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. “Y ni hablar de las personas que forman parte de una empresa o un gobierno, que responden a una marca, como el caso reciente del hackeo a la cuenta de Twitter de Patricia Bullrich”, agregó.
Otra modalidad que requiere cada vez más el servicio de los cleaners digitales es el porno-venganza, esto es, la difusión de fotos o videos íntimos en las redes sociales sin autorización de las personas involucradas. “Ha crecido mucho la difusión de imágenes sin consentimiento; es una manera de generarle un daño casi irreparable a la persona”, manifestó Daniel Monastersky, abogado especializado en delitos informáticos. El experto destacó el concepto de “ciberdaño” en relación con lo que puede llegar a causar un contenido que está en internet y se viraliza.
Pasos. Las empresas que ofrecen el cleaning digital como servicio tienen dos instancias: la comunicacional y la técnica-jurídica. El cliente llega con un pedido de limpieza de su reputación online porque un acto de difamación afecta su honor. Las firmas identifican el contenido y, luego de analizarlo, intentan persuadir al usuario o medio para que retire dicha información de internet. Si no se logran buenos resultados, el siguiente paso es acudir a la Justicia para que buscadores y redes sociales den de baja el contenido. Algo que no siempre sucede.
Mientras que en Europa existe el llamado “derecho al olvido”, es decir, el derecho de las personas a que ciertas situaciones de su pasado digital sean eliminadas de la web porque no hacen al interés público y porque mantenerlas online afecta los derechos personalísimos de esa persona, en Argentina hay un vacío legal (ver recuadro).
Para no llegar a requerir los servicios de los cleaners digitales, los expertos recomiendan cuidar la privacidad, “pensar mil veces” antes de subir algún contenido que pueda ser tomado fuera de contexto, malinterpretado o usado en nuestra contra. También monitorear todo lo que se publica sobre nuestra persona. Un tuit, un video o una foto puede viralizarse en cuestión de horas, y es mejor estar informado cuanto antes para poder contrarrestarlos a tiempo.
Derecho al olvido y vacío legal
“En Europa hay un fallo de la Suprema Corte europea que justifica el derecho al olvido. Uno tiene que llenar un formulario en Google en forma de cibercomentario que diga cuál es la URL a dar de baja. Un panel de expertos define si es o no pertinente quitar ese contenido de Google”, explicó Daniel Monastersky, miembro del Consejo Asesor del Global Forum on Cyber Expertise. En cambio, en Argentina hay un vacío legal. En 2014, la Corte falló a favor de Google y Yahoo! en la demanda iniciada por la modelo Belén Rodríguez, quien los acusó de vincularla a sitios de contenido sexual.
A fines del año pasado, el Senado aprobó un proyecto de ley presentado por Federico Pinedo y Liliana Fellner que regula la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet. El artículo 7º estipula que los operadores y proveedores de redes de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación “no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos”. Para el abogado Fernando Tomeo, el proyecto no recoge la doctrina del fallo “Rodríguez” de la Corte, ya que requiere una orden judicial para dar de baja contenido. “Necesita revisión en Diputados y ajustes serios para una legislación integral y completa”, concluyó.
