Para poner en blanco sobre negro de qué se trata el escándalo en el que derivaron las idas y vueltas del gobierno de Mauricio Macri acerca del protocolo sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que el Ejecutivo nacional derogó ayer por decreto: su redacción e implementación no implicaba, tal como se sugirió desde algunos sectores del Gobierno, ninguna modificación a la legislación vigente desde 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia lo sugirió a través del fallo F.A.L.
Lo que el Protocolo que impulsó el ahora ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein hacía, nada más ni nada menos, era establecer una serie de sugerencias y especificaciones al cuerpo de profesionales de la salud para hacer cumplir y garantizar resoluciones a favor de la salud de las niñas, adolescentes y mujeres en los casos de abortos no punibles vigentes en el Código Civil: cuando hay riesgo de vida en la salud de la mujer o persona gestante, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando compromete la integridad física o psíquica de la mujer. Y en los casos de embarazos en menores de 13 años, directamente, se los considera productos de una violación.
“Cuando se oponen al protocolo ILE sin saber de leyes, sin saber de pacientes, suele morirse la mujer. No protegen ninguna vida: ni la real, ni la potencial”, escribió en el momento de la derogación la médica Mariana Lestelle. El lunes, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, los colectivos de mujeres convocan a movilizarse en distintas ciudades del país. Denunciarán que la eliminación del protocolo es “una violencia más, intolerable, contra nuestros derechos”.
Para la también médica y titular de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, el tema es de una gravedad extrema: “El Ejecutivo aduce que no fue consultado, pero no tiene injerencia sobre el fallo F.A.L., que sugiere justamente a ese poder que promueva y apruebe protocolos que responden a la interpretación de cómo se debe aplicar el artículo 86 del Código Civil, y que la Corte justificó porque había muchos ‘malos entendidos’ al respecto”, explica.
La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe, Erica Hynes, coincide con Bianco: “La impresión que tengo, como persona y como política, es que este ida y vuelta es en realidad un retroceso simbólico: sobre todo, cuando sabemos que los equipos de distintas provincias tienen distintos grados de adhesión. Algunos muy bajo, y otros nada. Por eso, la acción afirmativa y luego la contraria no hace más que reafirmar a las jurisdicciones que niegan derechos. Esta es la consecuencia directa, la fuerza de esta movida”, asegura a PERFIL. A punto de dejar su cartera, Hynes –en cuya provincia el protocolo se implementa cabalmente– será ahora la encargada de defender los derechos de las mujeres desde la Cámara de Diputados provincial.
