En la actualidad, 12.035 personas se encuentran internadas por motivos de salud mental en la Argentina y el promedio de tiempo de internación es de ocho años, según los resultados preliminares del 1º Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, que llevó a cabo la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. El relevamiento se realizó durante 2018 y 2019, e incluyó todas las instituciones públicas y privadas con internación monovalente del país.
Tras la presentación, surgieron fuertes críticas al censo. La Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) emitió un comunicado titulado “Un censo mal hecho, resultados inaceptables”, donde rechazaron los datos publicados y cuestionaron la falta de información sobre la metodología empleada en el estudio. Además, denunciaron que la modalidad de presentación “configura un ataque al hospital especializado”.
“El censo afirma que el promedio de internación en hospitales monovalentes es de ocho años. Rechazamos esta afirmación por falsa y por amañada. El promedio de internación en la mayoría de los hospitales de especialidad del país no supera los treinta días. Cualquier persona que se encuentre internada en un hospital monovalente por años es una persona abandonada por el Estado: no está allí por motivos médicos ni psicológicos sino por motivos sociales, económicos y políticos. Resulta inaceptable que los funcionarios públicos, verdaderos responsables de tal atropello, señalen al hospital monovalente como el causante del abandono”, señaló el comunicado de APSA.
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Para Horacio Vommaro, coordinador del Observatorio de Psiquiatría y Salud Mental de APSA, los tiempos de internación se prolongan por la carencia de políticas públicas. “Innumerables veces se ha reclamado por la financiación, adecuación edilicia y necesidad de mantener a los hospitales especializados y a los hospitales generales integrados en una red de instituciones intermedias en la comunidad que permitan la integración social de los pacientes sin familia que se internan en ellos. Pero esos recursos siguen cruelmente ausentes, obligando a muchos pacientes a permanecer en las instituciones o enfrentar el riesgoso e inhumano abandono callejero”, dijo a PERFIL.
Respuesta. Desde la Secretaría de Gobierno de Salud defendieron la realización del censo, que se inscribe dentro de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, vigente desde 2010. “Es una herramienta de información fundamental para la planificación y generación de políticas públicas. El censo ha sido el producto de un equipo de metodólogos del área de Epidemiología de la Dirección Nacional de Salud Mental y fue evaluado y revisado por la OPS, el órgano de revisión nacional y el Consejo Consultivo Honorario. Más que criticar el instrumento, lo que nos debe ocupar y preocupar es el carácter de los resultados, que nos obliga a –entre todos– hacer una autocrítica y elaborar acciones para cambiar la realidad. Ningún problema de salud mental amerita que una persona viva en una institución psiquiátrica. Y eso es lo que está ocurriendo en el país”, aseguró Luciano Grasso, director nacional de Salud Mental y Adicciones.
Para el funcionario, la ley vigente dice que el hospital psiquiátrico tal como está no debe existir más. “Eso no significa que hay que cerrarlo, sino que hay que crear dispositivos alternativos para ir paulatinamente generando externaciones. Es falso eso de que el 1º de enero de 2020 se van a cerrar los hospitales monovalentes, pero sí hay que entender que hay una ley que cumplir y que de manera planificada y paulatina tenemos que ir cambiando las prácticas con un norte: que las personas con padecimientos mentales se atiendan en dispositivos comunitarios”.
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Vulneración de derechos
Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el censo “evidencia graves vulneraciones a los derechos humanos”. Además del elevado número de internaciones prolongadas, hay un alto porcentaje de internaciones involuntarias: el 60,4% de las personas no firmó consentimiento para estar en el hospital psiquiátrico y solo el 36,4% tiene criterio de internación. Muchas de las personas internadas están incomunicadas. Y solo el 12,4% está en posesión de su DNI.
“Los datos son desoladores, pero demuestran que se trata de un problema de voluntad política. Los cuantiosos recursos destinados a instituciones monovalentes pueden y deben reorientarse a garantizar las prestaciones que las personas necesitan para su vida en comunidad”.
