El acuerdo adoptado en París para responder al cambio climático global, obliga a las partes a informar cuál será su Contribución (a la mitigación) Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC por su sigla en inglés). Ese informe deberá ser actualizado cada cinco años con versiones que no deben importar un retroceso. Los países deben presentar inventarios periódicos de sus emisiones, que serán revisados por un comité de expertos cuya función es facilitar la implementación y promover la observancia del acuerdo. Pero esos informes no son compromisos ni promesas porque el acuerdo alcanzado no tiene compromisos ni promesas de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque la misma conferencia reconoce que los 55 mil millones de toneladas en 2030 que suman las estimaciones de los informes de los países, superan el límite para que la temperatura promedio de la Tierra aumente menos de 2° C a fin del siglo. Para alcanzar el objetivo sobre el cual todos coinciden, el total debería ubicarse entre los 31 y 44 mil millones de toneladas. Lograr la meta con las emisiones que los países anuncian será notablemente más costoso. Washington obtuvo un acuerdo que no necesitará someter a la aprobación de su Senado porque no contiene compromisos en materia de mitigación, ni en lo que se refiere al apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo. Aunque EE.UU. llevó la voz cantante para impedir la adopción de compromisos de mitigación, esto beneficia a otros países que por distintas razones tampoco quieren obligarse a reducir emisiones como China, Rusia, India, Australia, Japón y Nueva Zelandia. La Convención de 1992 y el Protocolo de Kioto de 1997 resolvieron la cuestión diferenciando países desarrollados y en desarrollo, con una lista de los países desarrollados. Hoy esa lista está claramente desactualizada por la relevancia económica alcanzada por China, India, Brasil, Indonesia, Corea del Sur y México. El punto fue materia de enconado debate y el acuerdo remite la diferenciación a que el nuevo instrumento sea implementado “con equidad y conforme el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales”. Estos criterios están en la Declaración de Río de 1992 y en la Convención de ese mismo año. El acuerdo otorga a la adaptación al cambio climático un grado de atención que no tenía en el Protocolo de Kioto que es básicamente un acuerdo sobre mitigación. Además prevé un mecanismo para la “transferencia internacional de los resultados de mitigación” que sería sustitutivo de la transferencia de títulos de carbono establecida por el Protocolo de Kioto. En la elaboración del entendimiento final tuvo un papel principal Laurent Fabius, canciller de Francia y presidente de la Conferencia. La delegación argentina continuó funcionando como parte del grupo denominado Like Minded Developing Countries que asume posiciones renuentes a la toma de compromisos por parte de los países en desarrollo, diferenciándose así de otros países de la región como Chile, Perú, Costa Rica, Colombia Panamá y Brasil, entre otros.
*Miembro de la Academia Arg. de Cs. del Ambiente.
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