Doce días de gestión: la horda kirchnerista que iba a arrasar con todo frenó aumentos automáticos de jubilaciones para proteger la macroeconomía y llamó a modificar legislación ecologista que impide la minería a cielo abierto para estimular inversiones. No será Paulo Guedes, el ministro de Economía ultraliberal que celebran los mercados financieros en Brasil, pero Alberto Fernández, el supuesto caballo de Troya del populismo de Cristina Kirchner, confirma una vez más que el peronismo puede ser el mejor packaging para las medidas que reclama, espera o sugiere el establishment.
Ante la herencia de Mauricio Macri de recesión con riesgo de espiralización de precios después de dos años de dólar descontrolado, economistas de todos los palos repetían durante la transición una palabra clave para cualquier intento de arreglar la cosa: desindexación. Suena a chino, pero no es ni más ni menos que conseguir que algunas variables que venían creciendo al ritmo de la devaluación o inflación pasadas cortaran esa inercia para que, si hay acuerdo entre empresas y gremios –y el Gobierno no manda fruta– todo deje de aumentar al 60%, digamos, y empiece a aterrizar a un nivel de 35 o 40% anual.
El tema es que hay desindexaciones y desindexaciones. Es muy cool bancar la de las tarifas de los servicios públicos, la primera variable que se descontaba que iba a dejar de subir como lo venía haciendo. De seguir el esquema dolarizado, este año se calculaba que las boletas de luz y gas debían saltar 80%. Inviable para cualquier plan de estabilización. ¿Cuánto terminarán subiendo? Hay cálculos que rondan la mitad de ese porcentaje o un poco menos, según lo que intenten ahorrar en subsidios, algo que se definirá durante los seis meses de revisión que plantea la emergencia que salió del Congreso.
Tiene mucho menos charme, en cambio, desindexar las jubilaciones. Es que, a lo Macri en 2017, el objetivo es interrumpir la aplicación de una fórmula vigente justo en el momento en que va a favorecer a los indexados. Una cosa es decir que la energía es un derecho humano o que vas a revisar los negocios de Nicky Caputo, ponele, pero te la regalo tener que explicar que un jubilado que gana $ 25 mil pesos es un “privilegiado”, una palabra que le va mejor a Bul-heroni que a mi vieja. Ni con un mix de Carta Abierta más Agenda Argentina salís bien parado.
Los haberes jubilatorios iban a subir 55% aproximadamente en 2020 según la ecuación, y ahora deberían moverse distinto para “poder bajar la inflación”, como explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ya hay variantes en estudio. Darle la inflación a los de menos ingresos y repetir ese monto como suma fija al resto; o la que ideó Emmanuel Alvarez Agis que incluye un “premio” en caso de que la economía crezca más de un determinado porcentaje. El foco, como repite el ex ministro Roberto Lavagna todo el tiempo, será achatar (no confundir con “achotar”) la pirámide jubilatoria, con más aumentos para los que cobran la mínima (2,8 millones de $ 14 mil) y menos para el resto (1,5 millones que ganan de $ 14 mil hasta $ 28 mil). Tras seis meses de estudio, seguramente definirá el Congreso. Habrá que estar atentos a cómo lo presentan en tiempos donde todo es naming y siglas. Si la ley es de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, si el impuesto a la compra de dólares se llama PAIS, por una Argentina inclusiva y solidaria, quién sabe qué sigla resumirá esta fórmula para incluir jubilados alegres o zonzos.
En cualquier caso, debería ser un momento adecuado también para debatir no solo el poder adquisitivo de los haberes, tema muy argento, sino también qué hacer con el sistema previsional en un mundo donde cada vez se vive más con más gasto en salud y cada vez hay más máquinas en las fábricas y, se sabe, las máquinas no aportan. Hay que aprovechar. Todavía acá, a diferencia de lo que pasa en Europa, tenemos una ventaja que seguro nos vamos a encargar de desperdiciar: aún hay más jóvenes que ancianos en la población, lo que nos da, dicen los expertos, un “bono demográfico” al menos hasta 2030, cuando la cuenta se empiece a complicar en serio. Dennos tiempo.
Las minas de Alberto. Nadie vio venir que Fernández iba a ser un presidente tan o más prominería a gran escala que sus antecesores del peronismo. Carlos Menem les dio un marco de estabilidad por 30 años con la ley minera del riojano Angel Maza. Néstor y Cristina Kirchner consideraron que en esa materia los 90 no eran repudiables. Alberto ya pide su lugar en la historia.
En el almuerzo con los popes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en el Four Seasons se despachó en 20 segundos a favor del fin de la prohibición del uso del cianuro en minería a cielo abierto vigente desde 2007 en Mendoza, donde aún hoy hay protestas de agricultores por el futuro del agua; y casi en simultáneo ignoró la oposición histórica de Chubut a la explotación metalífera que nació en 2002 con los autoconvocados de Esquel. El Alberto minero, además, venía de rebajarle impuestos al sector, que al igual que Vaca Muerta, pagará 8% y no 12% de retenciones como venía en el proyecto original.
Todo sea por generar más dólares, actividad y recaudación. En el Gobierno apuestan a que se movilicen, si la sociedad mendocina lo permite, no menos de treinta proyectos a gran escala, un montón en un momento de recesión donde los ricos piensan más en esquivar impuestos que en invertir. El caso extremo: emprendedores que están sacando la nacionalidad paraguaya para zafar de Bienes Personales.
