Tiene prevalencia el derecho de la familia que busca desde hace años a niños secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautiverio sobre el que tiene hoy un joven adulto, presuntamente ubicado, que no quiere conocer su verdadero origen? Este interrogante se presenta hoy ante el proyecto que el Ejecutivo envía al Congreso para que se convierta en ley aquello que algún juez ya dictaminó en un caso de similares características.
Con el advenimiento de la democracia, dentro de los propios organismos de derechos humanos, se estableció, entre otras, la discusión respecto al derecho que asistía a la familia biológica de “agregar otro dolor” –el de conocer la verdad– a quienes ya habían sido objeto de la violenta separación de sus padres. Esa discusión se saldó cuando se reconoció el derecho inalienable de todo ser humano a que se le restituya la real identidad, el de la familia biológica a recuperar la posibilidad del contacto con él y el de la sociedad a beneficiarse de instituciones que restablezcan el orden cuando éste ha sido brutalmente alterado. Tres niveles de derechos que el Estado tiene la obligación de respetar, salvaguardar y promover.
Cuando el proyecto en cuestión ingrese al Parlamento, los legisladores deberían actuar con la única presión admitida que sería la de contribuir a la verdad y a la justicia. De ahí que se deberá evaluar cuidadosamente no legalizar ninguna medida que signifique avasallar la condición de ciudadano con libre elección de vida y las dos otras demandas en juego: el de las familias biológicas que ansían recuperar al ser querido y anhelado y el de la propia sociedad.
Por otro lado, es de lamentar que semejante discusión, que debería establecerse en un marco cuidadoso de búsqueda del bien de todos los implicados, haya surgido empañada por la sospecha de que la ley está dirigida a lesionar a alguien que el Gobierno parece calificar de enemigo. Ninguna disposición “contra” alguien es legítima aunque sea legal.
A falta de otras informaciones, la obtención del ADN del nieto, hermano, sobrino a recuperar es imprescindible para compararlo con el de la familia que lo busca. Es de desear que cada persona, institución u organismo involucrado en esta tarea contribuya, desde su propia responsabilidad, a avanzar en el esclarecimiento de estos oscuros hechos, consecuencia de los delitos cometidos por el gobierno ilegítimo de la dictadura. Al mismo tiempo, cada ciudadano tiene el derecho a la protección y garantía del Estado para que, en la búsqueda de la verdad, no se avasallen su vida privada y la de sus seres queridos.
En estos casos tan dolorosos, consecuencia de la reciente historia que todavía nos duele –¡y cómo!–, no será sencillo para los legisladores actuar en el sentido más amplio de proteger el bien común. Deseo fervientemente que las disposiciones que se tomen se acuerden en un clima de serena reflexión y genuino respeto, no contaminado con la crispación que impide razonar y actuar en el correcto ámbito de la ética de la responsabilidad.
*Autora del libro La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina.
