La protesta de la policía cordobesa, la última de una serie de otras ocurridas en otras provincias en 2013, no ha sido el único factor que desató la violencia y el miedo entre buena parte de los habitantes de Córdoba capital. Explicar esa escalada excede los límites de este breve texto. Factores y motivaciones políticas, sociales y hasta delictivas parecen haberse combinado ferozmente cobrándose vidas y bienes. Quisiera, por ello, limitarme aquí a ofrecer ejes de una reflexión sobre la cuestión de las protestas de tipo “gremial” de las fuerzas con funciones policiales: policías provinciales, Gendarmería y Prefectura.
La recurrencia de los acuartelamientos debiera llamar la atención más allá de las coyunturas sociopolítico locales. En particular habría que apreciar las paradojas y tensiones que produce esa bienvenida tendencia del Estado argentino democrático a incrementar y expandir derechos civiles entre diversas poblaciones bajo el criterio de la equidad y el respeto a la diversidad. Porque nuestras policías tienen prohibido el derecho a la agremiación, es decir a la representación y petición a través de canales específicos con independencia de la cadena de mando.
Distintos mecanismos han operado entre el personal policial para suplir la ausencia de tal derecho. Desde la metáfora de la familia policial y los cuidados que debieran prodigar entre superiores y subalternos, blindado por un régimen disciplinario más rígido al de otras agencias públicas, hasta una serie de beneficios en pos del bienestar del personal, sin mencionar recursos espurios. Es también por el valor de tal metáfora que las esposas de los policías toman la voz y en nombre de ellos y sus familias asumen de hecho la representación gremial de sus esposos. Un recurso que deja fuera a las miles de policías mujeres cuyos maridos no parecen gozar de igual legitimidad. ¿De qué se trata este fenómeno? Mujeres ejerciendo de hecho el derecho –negado– a otros, sus maridos, se erigen en “representantes” de un trabajador por relaciones matrimoniales que las legitiman. ¿Acaso no es esto una negación del proceso de individuación y reconocimiento directo del Estado de los derechos ciudadanos?
Las razones por las cuales se sostiene tal estado de cosas no son tan claras. A falta de un debate público abundan grandilocuentes explicaciones conservadoras y nostálgicas y el rechazo ostensivo a modelos de agremiación vistos como cerrados fruto de experiencias específicas, antes que la imaginación de soluciones propias ajustadas a nuestro saber y entender. Justamente, se trata de pensar cómo afrontar la gran paradoja de que mientras el Estado amplía y distribuye derechos, incluso a los y las policías, como los de género, reprime aquél que vela por condiciones de trabajo dignas sin ofrecer herramientas alternativas adaptadas a los tiempos que corren. Asimismo, debiéramos analizar si hoy la subordinación y disciplina de los integrantes de estas agencias estatales, necesaria al cumplimiento de las funciones policiales, es facilitada o limitada por la restricción de derechos.
Los sucesos no debieran empañar los efectos locales de fenómenos del mismo tipo como los ocurridos en Brasil, que lleva 160 huelgas policiales en alrededor de una década. Claro que allí la expresión del malestar recurrió al uso de las armas en señal de protesta, lo que no sucedió en Argentina y hubiera arrastrado el acuartelamiento a una sedición con otras consecuencias legales.
Con todo, es claro que aquí la propia recurrencia de los acuartelamientos, que este año sumaron cuatro, se ha convertido en una salida que, aunque ilegal, está claramente institucionalizada, pues el Estado accede a los reclamos. Resta decir que la ausencia de un mecanismo supletorio a la agremiación favorece: mecanismos extorsivos internos, prebendas y concesiones extra formales. En tanto, el sentido de injusticia y dignidad, fortalecido por el propio régimen democrático, se esparce como agua y es entonces cuando los instrumentos legales disponibles quedan impugnados por la realidad.
*Antropóloga especialista en temas de formación en Seguridad. Profesora de la UNQ. Investigadora del Conicet.
