Los saqueos de Córdoba generaron una “economía moral” ampliamente reproducida por varios periodistas/opinadores televisivos. Así, si quienes saquean se llevan una especie de caja PAN serían pobres recuperables, si se llevan productos prescindibles son saqueadores, pero si roban ropa de marca o perfumes caros son delincuentes puros y duros. Parecería desconocerse por completo que precisamente una de las dimensiones simbólicas de cualquier saqueo es esa inversión del mundo que permite a los pobres apropiarse de lo que no pueden en el mundo real.
La lucha de clases tuvo y tiene también esas facetas, por eso los Estados sociales modernos incorporaron formas institucionales para resolver los conflictos, aunque mantienen la represión como solución en última instancia. Esa última instancia es la que en estos días estaba amotinada en Córdoba y dejó emerger la violencia contenida.
La “economía política” de los saqueos incluye sin duda muchas facetas: interna peronista (¿quién dijo que la sucesión será una fiesta democrática?), redes de corrupción narcopoliciales, metamorfosis en las formas de violencia que atraviesan a nuestro país (como ha destacado Beatriz Sarlo), y, obviamente, grupos de delincuentes que aprovecharon las zonas liberadas… pero todo eso ocurre, como apuntó Pablo Semán, en un escenario de fragmentación étnico-social y diversos tipos de murallas, que estructuran las muy distintas realidades cordobesas. Además de una inflación que ya no permite hacer un “alto guiso” con 15 pesos, como decía un videíto viralizado en 2011. Una fragmentación en la que no todos accedieron a la bonanza sojera-automotriz, eje de la “década ganada”.
Muchos de los jóvenes colocaron en las redes sociales fotos y comentarios sobre el “alto choreo”. Ciudadanos “bien” se indignan, un comentario de un lector de Clarín que decía “hay que matarlos!!!” tenía 816 me gusta. Otro lo felicitaba y le decía: “Tu comentario no es facho, está bien, hay que meterles balas pero de plomo”.
No puede olvidarse que el trasfondo de esta “quiebra de valores” se da en una provincia donde el jefe de la policía antidroga era parte del negocio narco.
La “rebelión de los Juanes” expresó también una lucha entre los rangos bajos y los jefes policiales enriquecidos gracias a los negocios sucios. Así fue en otros motines en América latina en estos años, donde hay evidentes procesos de lumpenización de las policías, cuyas fronteras con el crimen están totalmente desdibujadas. La reforma policial (y la sindicalización) es una tarea pendiente de casi todos los gobiernos progresistas de la región.
Capaz que quede claro, algún día, que el debate sobre los modelos de desarrollo no es una discusión abstracta de los intelectuales. Entre tanto, podemos evitar las moralinas baratas.
*Jefe de redacción de Nueva Sociedad.
