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El contrapunto acerca de lo que significa el “24 de marzo” se planteó desde el origen. Los golpistas derrocaron a Isabel Perón en 1976 para salvar a la Argentina, restablecer las instituciones y terminar con la corrupción. En 1977, Rodolfo Walsh refutó el panegírico de los dictadores: “El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”. Así comienza su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar. Poco después de difundirla, Walsh se tiroteó con un grupo de tareas de la ESMA; fue herido y permanece desaparecido.
El aniversario del golpe tiene cada vez mayor vigencia. Confluyen una sumatoria de factores. Las diferentes interpretaciones sobre las distintas violencias de la década del 70 es uno de ellos, siempre latente y hoy reactivado. El golpe abortó una interna peronista que se estaba dirimiendo de manera violenta: que la mayoría de sus víctimas fueran del peronismo revolucionario no quita que tomado el poder cargó contra la clase obrera en su conjunto. La interna trunca ha sido omnipresente, desde entonces, en la escena política nacional.

Más estructuralmente, nuestra sociedad es la consecuencia del ajuste económico y la reconfiguración social impulsados a sangre y fuego por la dictadura. La vigencia del ’76 se nutre de la forma perversa y radicalmente insoluble que tuvo la metodología represiva clandestina. Esta dio vida a un robusto movimiento de derechos humanos, cuyos reclamos iniciales se instalaron gradualmente como política de Estado.

El reconocimiento por parte de amplios sectores de la sociedad de lo que sucedió a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 fue gradual. Esto se debe, entre otras cosas, a que desde 1983 resultó mucho más fácil apelar a la figura de una sociedad sometida a dos polos de violencia e “inocente” –los mentados dos demonios– que pensar en los grises de una ciudadanía que acompañó, si no la bestialidad sistemática que revelaron los juicios, al menos la represión a los “subversivos”. Y que también tuvo que asimilar la magnitud de lo que la Justicia y las investigaciones aún revelan. Por otra parte, el terrorismo de Estado tuvo intensidades diferentes a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, algo que muchas veces no es tenido en cuenta como corresponde. Nobleza obliga, esa sociedad es  la misma que eligió el camino de la Justicia para procesar su pasado.

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Desde 1976, cuando los militares se autocelebraban cada año en actos cívico-militares cerrados en los que anunciaban sus éxitos en la “guerra contra la subversión”, pasamos por las marchas que “solamente eran de los organismos” de la década del 80; las menguantes concentraciones de la primera mitad de los 90, para llegar a las multitudinarias concentraciones del vigésimo aniversario, en 1996. A partir de ese hito, la cantidad de asistentes, su composición y las convocatorias han crecido. También su fragmentación. Hubo una apropiación social de las memorias del golpe a partir de dos ejes: un generalizado piso de condena a los militares (debemos darles mayor densidad a los responsables de la matanza, y pensar en sus beneficiarios civiles) y una revalorización de la democracia.

El golpe del 24 de marzo de 1976 masacró distintas experiencias emancipatorias, en general sustentadas en lo que entonces se entendía por “izquierdas” y que proponían, algunas por las armas, una sociedad diferente. No hubo, desde esa derrota, proyectos políticos “totales” que las reemplazaran. La memoria conmemorativa se nutre también de esa nostalgia ideológica: buscamos en el pasado lo que no vemos en el futuro soñado. Pese a esto, el 24 de marzo vive entre nosotros porque más allá del riesgo cierto de parálisis conmemorativa, encierra en esa misma presencia la posibilidad de recuperación y construcción.

*Historiador. Director del Museo Malvinas.