El parlamento español acaba de sancionar una ley “anti-descargas” que, bajo el pretexto de la protección de la propiedad intelectual (esa entelequia burguesa), permitirá a la autoridad de aplicación cerrar páginas de Internet mediante un simple recurso administrativo, apenas controlado por la justicia, cuando una comisión creada ad hoc determine que el contenido de la página “sea susceptible de causar un daño patrimonial” (aún cuando el daño no se hubiera producido: Minority Report).
La “Ley Sinde” (más exactamente, la “Disposición Final Segunda” de la Ley de Economía Sostenible), así llamada como triste homenaje a su propulsora, la ministra de cultura Angeles Gonzales-Sinde) necesitó de un amplio acuerdo parlamentario para ser aprobada casi por unanimidad. Se trataba aparentemente (WikiLeaks) de responder a una demanda de los Estados Unidos y a las megacompañías discográficas y cinematográficas que ese ejército defiende, para asegurarse el control de la información que circula en la segunda lengua más hablada del planeta.
La Ley Sinde reformó la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (la cámara responsable de intervenir “preventivamente”). Cualquier página de dominio español que enlace contenidos protegidos por la LPI podrá ser clausurada y las páginas extranjeras podrán ser bloqueadas para su acceso desde España. Es probable que ese aborto legislativo no tenga las consecuencias buscadas, y no tanto porque se le otorga a un organismo administrativo facultades que ofenden los principios democráticos, sino porque pretende torcer la lógica misma del funcionamiento de Internet (¿prohibirán YouTube en el Reino de España?).
Su objetivo, en todo caso, es aterrorizar a la ciudadanía que, lejos de refugiarse en el miedo, ha salido a la calle a manifestar en contra de la ley y a pedir la renuncia de la desencaminada ministra. Mientras tanto, Alex de la Iglesia renunció a la presidencia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en abierto desacuerdo con la ley.
