Esta semana fuimos, junto a otras ochenta naciones, a participar en Francia de la Conferencia Internacional de Combate y Financiamiento al Terrorismo. Con el lema “No más dinero para el terror”, el encuentro tuvo como fin fortalecer la eficacia de la acción global contra estos delitos, y optimizar las iniciativas para detectar e interrumpir los flujos con los que las organizaciones criminales obtienen sus recursos.
Desde el Gobierno comprendemos la importancia de unir esfuerzos a escala mundial, puesto que la motivación del terrorismo no solo es sembrar pánico en los pueblos, sino también debilitar las instituciones y perjudicar los lazos entre países. Reuniones de este tipo contribuyen a fortalecer la confianza en los organismos estatales y afianzar las relaciones entre las naciones.
Nuestro país está absolutamente comprometido con la lucha antiterrorista, y la comunidad internacional dio un voto de confianza a las políticas que llevamos adelante: actualmente, la Argentina preside por primera el organismo que fija los estándares mundiales en la prevención de lavado de activos y financiación del crimen organizado. En 2017, Santiago Otamendi, secretario de Justicia, asumió como titular del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con estos organismos no es un dato menor, en pocos años pasamos de ser un país que estaba en la llamada “lista gris” del GAFI, a estar al frente de la lucha contra el lavado de dinero y los delitos relacionados.
La cooperación internacional en materia de identificación, localización, seguimiento, decomiso y recupero de fondos constituye una herramienta fundamental; pero para continuar en el camino correcto es necesaria la adopción de medidas locales que sean innovadoras e integrales.
Es por ello que desde el Poder Ejecutivo estamos impulsando una serie de reformas en materia penal que permitirán nuevos estándares en la investigación y persecución de estos delitos, con la intención de brindar mayor seguridad jurídica, modernizar la legislación y evitar nuevas modalidades de ataque contra el Estado.
Una de las medidas que adoptamos es promover una revisión completa del Código Penal, sancionado en 1921, para adaptarlo a las nuevas realidades criminales del mundo actual. Para esto creemos que es necesario tipificar estos delitos y contemplar penas más duras para los terroristas y quienes los financien.
También se está avanzando en una reforma del Código Procesal Penal con el objetivo de implementar el modelo acusatorio, incorporar herramientas para abordar el crimen organizado y la investigación sobre su financiamiento.
Para concretar la eficacia de todas estas medidas resulta fundamental fortalecer la labor de los jueces y fiscales en el combate de la problemática: es su trabajo el que marca la diferencia, ya que son los que llevan adelante las investigaciones. Es por esto que, desde la presidencia del GAFI, estamos promoviendo un papel más relevante para los funcionarios judiciales, y en la Argentina, trabajamos en un proyecto que amplíe la presencia de los juzgados federales en todo el país.
Como un Estado que ha sido víctima de dos atentados, no podemos ser indiferentes. Es nuestro deber velar por la protección de todos los argentinos, aprender de nuestras experiencias y errores del pasado, y avanzar hacia una Nación con políticas públicas efectivas para estar más seguros, dentro y fuera de nuestro país.
*Ministro de Justicia y DD.HH.
