La nueva composición del Congreso Nacional ha despertado enormes expectativas de cambio. Hasta ahora, los movimientos de la reciente mayoría opositora han estado fundamentalmente dirigidos a ocupar posiciones de poder que hasta ahora detentaba el oficialismo.
Ese proceso terminará en breve y probablemente se inicie el tradicional receso legislativo. El retorno a las actividades legislativas ordinarias, que es el período en el cual se pueden presentar nuevos proyectos, debería encontrar a la oposición con una agenda para mejorar la calidad de las instituciones. Aunque el Congreso no puede modificar la administración cotidiana de la economía, tiene un gran campo de acción para sentar las bases para que nuestro país recupere un marco institucional, sin el cual el proceso de desarrollo se torna aleatorio e incierto.
Hay dos campos particularmente importantes en esta dirección: reforma del Estado y reforma tributaria.
La reforma del Estado es un terreno extenso y abandonado desde años y será difícil abordar todos los problemas simultáneamente. Pero hay un tema que requiere acción urgente: el modo de acceso a los cargos públicos denominados “escalafonarios” o “de carrera”. A lo largo de toda la administración Kirchner, virtualmente no se han celebrado concursos públicos para cubrir ese tipo de cargos. Debería sancionarse una ley prohibiendo –sin excepciones– la designación de agentes públicos sin este requisito. Además, debería darse un plazo para convocar a concursos en todos los cargos de planta en que los funcionarios actuantes no hayan accedido por ese medio. Naturalmente, también será necesario legislar sobre la naturaleza de los jurados actuales.
La dimensión de este cambio es enorme. Si se pusiera en práctica, no sólo se mejoraría la calidad de los servicios del Estado, sino que se rompería la cadena de insana subordinación de los agentes permanentes del Estado a los designios y preferencias de los funcionarios políticos de turno.
Naturalmente, este proceso debería comenzar por el vapuleado INDEC, al que, además, habría que dotar de una autonomía de la que hoy carece. Una idea posible es que el director del organismo, además de ser elegido por concurso, debiera ser ratificado por alguna de las Cámaras del Congreso, como ocurre con la designación de embajadores, que debe ser aprobada por el Senado. La posibilidad de que el INDEC dependa del Congreso no parece una buena idea. Se trata de un organismo clásico del Poder Ejecutivo que forma parte del denominado Sistema Estadístico Nacional, es decir, una red de oficinas estadísticas en todo el territorio que dependen, a su vez, de los poderes ejecutivos provinciales.
En cuanto a la reforma impositiva, el tema más mencionado, es la reforma al sistema de coparticipación federal de impuestos. En este campo la morosidad es grande. Según la Constitución Nacional de 1994, debió haberse hecho antes de la finalización del año 1996.
Es un tema muy complejo en el cual será difícil llegar a acuerdos en un plazo breve. Lo que sí debería hacerse es constituir una comisión específica con recursos y capacidad de contratación de profesionales calificados para elaborar una propuesta de reforma que atienda a criterios objetivos en materia de reparto de recursos entre la Nación y las provincias.
En un plazo más inmediato, el Congreso debería comenzar a desmantelar un sistema tributario y de gasto público que se ha tornado cada vez más arbitrario e ineficiente.
Por un lado, han crecido los impuestos y otros gravámenes con afectación específica, es decir que se destinan de manera permanente a la consecución de determinadas acciones. Esta modalidad de asignación de recursos genera rigideces e ineficiencias.
Habitualmente, quienes reciben estas partidas tienen asegurado año con año un presupuesto sin estar obligados a presentar programas y realizaciones que lo justifiquen o, peor aún, inventando acciones superfluas.
Del lado del gasto, es hora de dar marcha atrás con las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional derivadas de la Ley de Emergencia Económica y otras normas complementarias. Si el próximo año el nuevo Congreso lograra avanzar en este puñado de temas, estaríamos frente a un cambio profundo y esperanzador.
*Economista del Justicalismo.
