Aunque cien días parecen poco tiempo para evaluar en términos categóricos la gestión de un gobierno que comienza, resulta interesante el ejercicio colectivo de tratar de identificar señales acerca de la dirección que podría asumir en el mediano y largo plazo.
En ese sentido, y con claroscuros, los primeros pasos de Mauricio Macri en la Casa Rosada han dejado expuesta cierta distancia entre los objetivos de política pública por él planteados, que tanta expectativa generaron en una extensa porción de la ciudadanía, y las medidas que efectivamente se están implementando.
La nueva forma en que las autoridades nacionales se relacionan con los gobernadores, la oposición y la prensa es saludable para la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones de la República.
Sin embargo, se torna insuficiente cuando se pone en contraste con la utilización en exceso de decretos de necesidad y urgencia, el viraje grosero de convalidar el ocultamiento de información pública y un manejo de la obra estatal que –con otros actores– pretende darle continuidad al capitalismo de amigos.
De la misma manera, la voluntad de diálogo puesta de manifiesto por funcionarios de distintas áreas gubernamentales colisiona con su negación como mecanismo privilegiado de resolución de conflictos sociales que reflejan la vulneración de derechos fundamentales.
Destinar buena parte de los recursos de las fuerzas de seguridad a criminalizar la pobreza y sofocar la protesta social, en vez de orientarlos a la prevención e investigación del delito, es incluso contradictorio con la jerarquía que esta administración otorga a la cuestión policial en una perspectiva que desconoce la complejidad del fenómeno de la inseguridad.
Sin dudas, la eliminación de las trabas cambiarias era un paso necesario para revitalizar determinados sectores de la economía, pero la incapacidad de generar medidas que contuvieran el traslado de los efectos de la devaluación a los precios y preservaran el poder adquisitivo de los asalariados y otros grupos más vulnerables ha hecho recrudecer la inflación y nos aleja del horizonte de la Pobreza Cero.
El planteo oficial de esa meta que llama a ser naturalmente compartida entraña, no obstante, el riesgo de evadir un cuestionamiento mucho más profundo a las condiciones estructurales que crean y reproducen esa pobreza.
La consigna propuesta promueve la satisfacción de estándares mínimos de inclusión sin poner en debate un sistema que es socialmente injusto y que agiganta permanentemente la brecha de desigualdad.
El logro de un acuerdo con los holdouts, pese a las imposiciones del poder usurario, nos acerca cada vez más a la posibilidad de dejar finalmente atrás las consecuencias del default, con la potencialidad de habilitar el acceso al crédito internacional, en circunstancias y tasas más favorables, similares a las que afrontan otros países de la región.
Es todavía una incógnita si los fondos resultantes de ese futuro endeudamiento serán o no utilizados en inversiones que extiendan y modernicen nuestra infraestructura productiva, creen empleo, favorezcan mayores equilibrios territoriales y contribuyan al desarrollo sustentable.
Difícilmente podamos avanzar en transformaciones sustanciales de la realidad en caso de consolidarse la tendencia marcada por algunos de los indicios aquí descriptos e insistir en la teatralización de la herencia recibida para justificar falencias propias y soluciones ortodoxas a problemas recurrentes de la Argentina.
*Vicepresidente tercero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
