El saldo de la reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos constituye un nuevo hito en la crisis desatada a partir de la última votación en el Senado. El vicepresidente declaró que, con su desempate, “ha resurgido la institucionalidad en la Argentina”. El sistema de concentración de poder construido por Néstor Kirchner es de naturaleza hegemónica. No está mediado por las instituciones. Al contrario, es un sistema de dominación fundado en el control de las instituciones. El conflicto con el sector agroalimentario cambió totalmente la situación. El reclamo sectorial se transformó en rebelión de la Argentina interior. Implicó la reaparición política del federalismo. Dou-glas North, Premio Nobel de Economía, sostiene que en países con una estructura federal –como la Argentina– el principal problema institucional es la relación fiscal entre el Estado nacional y las provincias. En este sentido, lo ocurrido en los últimos cinco meses es un caso “de libro”. Una rebelión fiscal surgida desde las provincias puso en movimiento, de abajo hacia arriba, los mecanismos institucionales. La presión de las movilizaciones callejeras y de la opinión pública hicieron que intendentes, gobernadores y legisladores se vieran compelidos a actuar. Lo mismo ocurrió con el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Hasta el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tuvo que comunicar al Poder Ejecutivo que la Resolución 125 podía ser declarada inconstitucional, lo que aceleró la decisión de enviar el tema al Congreso. Luego vino la resurrección del Senado, expresión institucional de esa estructura federal a la que se refiere North, y el desempate del vicepresidente produjo la rehabilitación política de la última institución que estaba pendiente de legitimación. El resultado es inequívoco: como consecuencia de las exigencias surgidas de la contraposición con la lógica constitutiva del sistema hegemónico construido por Kirchner, la rebelión del interior y la opinión pública abrieron la posibilidad, por primera vez en cinco años, de un resurgimiento de la institucionalidad en la política argentina.
