Todos los años hay un par de noches en las que los mayores empresarios del país o sus principales gerentes comparten actividades en un complejo donde también descansan. Suele ser en octubre en Mar del Plata, bajo la convocatoria del Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA). Este año, sin embargo, hubo una previa inesperada: varias figuras de compañías top del establishment compartieron unas veladas inolvidables entre la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y el penal de Marcos Paz, en el marco del imparable escándalo que abrieron los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del ex número dos de Planificación, Roberto Baratta, un verdadero Uber Coimas que movía, según confirman todos, la guita negra de la obra pública.
No hicieron la previa comiendo fiambre y tomando vino caro en el lobby del Sheraton de Mar del Plata, sino esposados en los tribunales de Comodoro Py. No recibían carpetas con el programa de actividades, golf incluido: a lo sumo se llevaron una muda de ropa o les mandaron luego algo de yerba suelta, ya que el Servicio Penitenciario no avala paquetes cerrados. No hablaron en mesas redondas sobre la importancia de la transparencia en los negocios ni del compromiso social de las compañías con las comunidades, sino que admitieron las mil y una formas de darle plata groncha a los funcionarios del Estado para hacer más dinero.
Claro que lo reconocieron con excusas varias. Primero hubo una oleada de los tiernos arrepentidos-víctimas, los que contaron que pusieron plata para una presunta campaña electoral ante la coacción de los funcionarios estatales. Después hubo un par que se diferenciaron, temerosos del falso testimonio, y dijeron que pusieron plata propia para el proyecto porque creían en él. Cómo no amarlos, pancitos de Dios. Este hilo, sin embargo, empezó a perder sentido cuando una empresa habló de destrabar una indemnización por una expropiación en Venezuela. Y todos terminaron de quedar en offside cuando José Cámara de la Construcción en el kirchnerismo dio el paso al frente y reconoció que había un sistema de reparto de obras sobre la base del pago de sobornos. Todos los constructores que venían siguiendo el caso como si fuera Netflix tragaron saliva y ni pueden ver el WhatsApp. Ni qué hablar los que venían diciendo, en las causas de Odebrecht que avanzarán esta semana, que los brasileños “se cortaban solos” y que ellos como socios locales eran una cruza de Favaloro con Gandhi.
Más allá del paralelo con la versión tumbera del Coloquio, hay una edición de hace unos años de ese encuentro empresario que puede ayudar a entender, cómo decirlo, la vocación inversora en la Argentina, mucho más allá de los contratistas. En ese ámbito en el que hace más de 50 años pasan todas las caras del establishment, desde Enrique Pescarmona hace unas décadas hasta Paolo Rocca el año pasado, incluyendo a Cristóbal López que llegó a ser sponsor en su momento, hubo una jornada en 2014 que fue premonitoria.
En un panel interactivo, el economista ya fallecido Tomás Bulat iba haciendo preguntas al auditorio, que respondía con un botón. “Si un acto de corrupción está destinado a obtener una aprobación (por ejemplo, una habilitación municipal) maliciosamente retenida, ¿es censurable la actitud del empresario?” El 53% dijo que era condenable siempre, pero el otro 47% se dividió entre los que lo consideraban tolerable “en casos extremos” (28%) y otro grupo que dijo que “nunca” era repudiable (19%).
El debate que siguió pareciera haber sido escrito para estos días. “Pero es que se trata de una extorsión de un funcionario, ¿cómo vamos a condenar al empresario?”, dijo el productor agropecuario Enrique Duhau que quedó inmortalizado en las crónicas. “Escudarse en un supuesto valor de la subsistencia de la empresa es absurdo”, dijo Ignacio Stegmann, por entonces número uno de la multinacional 3M. Otra pregunta inquirió después: “¿Sobre quién debería recaer la responsabilidad: sobre el empresario, el funcionario o sobre ambos?”. El 78% respondió: “Sobre ambos”.
