La maquinaria electoral ha dejado de funcionar. La televisión no tiene anuncios políticos, las calles lucen más limpias, sin tantos volantes ni pancartas, y las palabras dichas en la radio ya han desaparecido del aire. Quedan por saldar, como en cada uno de los comicios, las millonarias cuentas de propaganda, muchas de ellas abonadas con recursos del Estado con objetivo de respaldar a un candidato, más que difundir información de verdadero interés público, como fija la ley.
Al menos en la Ciudad de Buenos Aires, el vacío legal y la falta de compromiso político para interpretar el espíritu de las normas está dando “vía libre” al uso “discrecional” de fondos públicos con fines propagandísticos, hechos que podrían terminar en casos de “malversación” y “defraudación”, advirtió a PERFIL la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que fue convocada por la Justicia para realizar un informe sobre el tema.
“Bajo el paraguas de la ‘urgencia’, mediante normas de excepción, se han utilizado fondos públicos para hacer publicidad oficial (con contenido electoral), utilizando medios de publicidad no tradicional dentro de programas de radio y televisión”, advirtió Luis Villanueva, responsable desde ACIJ de una pericia forense requerida por la Justicia, en el marco de una causa contra el ex jefe de Gobierno Jorge Telerman y ex funcionarios de su administración.
El documento judicial, al que tuvo acceso en exclusiva PERFIL, demuestra cómo el entonces mandatario porteño pagó casi 160 mil pesos a la productora de Ideas del Sur, de Marcelo Tinelli, y a Radio Del Plata, sin realizar “una compulsa de precios”, aceptando que le cobren “lo máximo” y violentando “normas de excepción”, sin las cuales no habría podido hacer la contratación (ver recuadro).
Al margen de la causa, la asociación advirtió la inexistencia de normas que regulen o impidan el uso de dinero público con fines electorales, leyes “que desde hace tiempo vienen reclamando las organizaciones de la sociedad civil”, añadió Villanueva. Según ACIJ, al menos seis proyectos de ley en este sentido descansan a la espera de su tratamiento en la Legislatura porteña, pese a las promesas de mayor “transparencia” por parte de diputados del oficialismo y de la oposición.
La pericia a cargo del contador Alfredo Popritkin, sostiene que la contratación de publicidad está regulada, además de por el régimen general de compras y contrataciones, por los decretos 890/2001 y 1001/2001 y las resoluciones de la Secretaría de Prensa 652/2001 y la 1/2004, que obliga al Estado porteño a realizar compulsas de precios. Sin embargo, las normas de excepción y urgencia, entre ellas, los decretos 1370/2001 y 1386/2001, permiten realizar contrataciones directas eludiendo el régimen común.
Además de la irregularidad en la compra de publicidad, la falta de un marco normativo “tiene como consecuencia que la publicidad del sector público se utilice para promocionar la imagen de funcionarios o candidatos oficiales”, lo que constituye “una malversación de recursos públicos” y limita “la libertad de expresión”, expresó Popritkin, un experto en fraudes corporativos quien actuó como perito forense durante 14 años en la Corte Suprema de Justicia.
Para ACIJ, la publicidad no tradicional (PNT), como comentarios de conductores de radio o TV, podría vulnerar la libertad de información de la audiencia, ya que es difícil diferenciar la información de la propaganda. La PNT además no está tarifada, por lo que su precio suele ser “a ojo”: “Una ley podría incluso prohibirla para uso del Estado”, dice.
El mal uso de los criterios de “urgencia” fue alertado además por la Auditoria de la Ciudad, que en 2003 limitó el monto máximo para las contrataciones directas a 20 mil pesos. Lo hizo al advertir irregularidades en esa forma de contratos.
“Se han evadido las limitaciones que tiene la contratación directa. Para ello se divide el pago para que ingrese en el monto que la ley permite”, finalizó Villanueva en referencia a la causa que afronta Telerman.
Mientras los proyectos de ley están anclados en la Legislatura, ACIJ, al igual que Poder Ciudadano, recomiendan a diputados que aprueben normas claras respecto a “qué es urgente y qué no”, “qué es publicidad oficial y qué propaganda partidaria” y “qué métodos se utilizarán para comprar PNT”.
