La Argentina se debate en un acontecer casi límite donde ocupan la primera plana de las noticias, a más de la interminable cuarentena, el eterno dólar, las caídas del PBI o del empleo, la inédita suba de la pobreza y el déficit fiscal, el éxodo de empresas de primera línea buscando mejores horizontes, y también la oleada de argentinos pugnando por obtener su radicación en la vecina república del Uruguay.
Lamentablemente el agobio económico relativiza el hálito de esperanza institucional que ha proyectado la Corte Suprema al frenar los traslados de los jueces que tienen que ver con la situación procesal de la vicepresidente, (aun cuando aclararon que declarar admisible el reclamo no implica prejuzgar sobre la cuestión de fondo) enfatizando que se trata de un caso de gravedad institucional.
En este sentido distintas expresiones calificaron esta decisión como “ aire fresco para una Justicia independiente”, o como “en épocas de suma del poder público el voto de la corte nos brinda una primera bocanada de república”. La Nación. 30-9-20
Mientras tanto, el país se enfrenta a un destino sin aparente salida. condenado a vegetar una y otra vez entre profundas crisis recurrentes y espaciados períodos en los que a mérito de alguna coyuntura exterior (el precio de los comodities de la primera década del actual siglo o el advenimiento de esporádicos gobiernos democráticos), pudo ilusionarse con una perspectiva menos oscura.
Así, ante la crisis, se dejan oír diversas voces proponiendo ideas-fuerza o acciones concretas para enfrentarla.
No obstante, ninguna medida parcial estaría en condiciones de prosperar de no lograrse concretar los fundamentos básicos que posibiliten una solución consistente.
En ese camino, resulta prioritario concretar un consenso social de mediano plazo, a partir de una sociedad comprometida a ceder privilegios sectoriales. De no lograrlo, los esfuerzos esporádicos serían inútiles. (Lamentablemente es historia en la actualidad el prometido y nunca concretado Consejo Económico y Social que podría haber intentado conjugar las expresiones de los distintos estamentos políticos, económicos y sociales).
También con carácter previo, debería definirse expresamente la intención de promover la inversión reproductiva y el incentivo para que capitales privados, vengan de donde vinieren, se incorporen al quehacer económico, a cuyo fin se torna necesario concordar en atender las condiciones inexorables que la inversión, nacional o externa, universalmente requiere y que deben estar presentes concurrentemente:
*seguridad jurídica.
* perspectivas ciertas de rentabilidad.
*posibilidad para los inversores de diseñar un horizonte de planeamiento de mediano y largo plazo, que incluya certezas lógicas sobre las políticas nacionales básicas. En ese entender, se deberían acordar las imprescindibles reformas en los sistemas previsionales (a fin de dotarlo de sustentabilidad, actualmente inexistente), régimen laboral (que torne competitiva la actividad productiva reduciendo costos laborales), y estructura del Estado (que posibilite un equilibrio fiscal actualmente inasequible).
Si se repara en la historia de las últimas décadas de la Argentina, y en las condiciones en que se desenvuelve actualmente el país, ninguna de esas reformas fundamentales aparecen como imaginables, por lo cual y a pesar de la luz de esperanza que en lo institucional brindó el último fallo de la Corte, la perspectiva no parece ser prometedora.
Lamentablemente.
*Economista
