El Congreso votado el 28 de junio pasado acaba de asumir.
Desde la próxima semana, una oposición fragmentada desde distintos ángulos ideológicos y de estilo enfrentará a la primera minoría kirchnerista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
¿Qué significa esto desde la economía? Poco o mucho. Depende.
El Ejecutivo utilizó esta larga transición para consolidar un paquete de leyes económicas importantes: prórroga de la emergencia económica y de varios impuestos. Delegación de poderes. Presupuesto 2010. Reapertura del canje de deuda en default y autorización a las provincias para burlar la única “política de Estado” que, en materia fiscal, tenía la Argentina: La ley de Responsabilidad Fiscal.
Sumado a este marco, el hecho de que la política monetaria y cambiaria se maneja, como corresponde, desde el Banco Central y que los temas referentes a la política de precios, impuestos a la exportación, restricciones a exportar o importar, defensa de la competencia, pago de subsidios o devolución de impuestos, endeudamiento, etcétera, se administran discrecionalmente desde distintas oficinas del Ejecutivo. Al igual que las inversiones en infraestructura o energía.
Desde esta perspectiva, el nuevo Congreso poco puede hacer, al menos hasta que se trate el próximo presupuesto, hacia fines de 2010, para cambiar en algo el rumbo discrecional y el clima hostil hacia la inversión privada que hoy predomina en el país.
Puede argumentarse, viendo el vaso medio lleno, que el Congreso tiene (a la inversa de lo que se argumenta) poder de “veto” de nuevas iniciativas legales que perjudiquen la actividad económica privada. De esa manera, desde la política económica, el año próximo parecería delineado y libre de incertidumbres. Salvo, obviamente, por lo que el Ejecutivo puede hacer por su cuenta, que, como se mencionó, no es poco ni menor.
Sin embargo, como también mencionara, el kirchnerismo no enfrenta una oposición, sino varias. Esto hace que muchas de las iniciativas económicas del Ejecutivo que necesitan la aprobación del Congreso puedan concretarse formando mayorías transitorias, con minorías que simpatizan con la línea u orientación económica de ciertas medidas en particular.
Eso se vio muy claramente con la expropiación de los fondos de pensión, apoyada no sólo por los kirchneristas de paladar negro, sino también por muchos radicales o integrantes de partidos de izquierda. Se vio también, más recientemente, en la sanción del impuesto adicional a ciertos electrónicos fabricados fuera de Tierra del Fuego (dicho sea de paso, ¿quién controlará que los compromisos de inversión, precios y calidad de productos asumidos por las empresas radicadas en la isla se cumplan? ¿No sería bueno que nos informaran, periódicamente, de los “avances” de dichos compromisos?).
Y se vio en la semana que pasó, en la sanción de otro impuesto más a los consumos de comunicaciones celulares, para financiar el deporte olímpico. (Espero que no sea para financiar a sus dirigentes y los viajes de delegaciones multitudinarias que “acompañan” a los atletas. O se pierdan en una maraña burocrática e ineficiente en donde los recursos no terminan en los mejores deportistas amateurs, sino en los amigos.) En otras palabras, hasta ahora, a la hora de expropiar o inventar impuestos, el kirchnerismo no estuvo solo, sino acompañado por muchos legisladores de una supuesta oposición.
Es por ello que resulta difícil pronosticar en qué medida el nuevo Congreso aporta favorablemente a despejar las incertidumbres que el proceso de inversión privada ha encontrado, en los últimos años, en el ahora disminuido oficialismo.
En materia económica, entonces, no es mucho lo que puede esperarse de este nuevo Congreso que parece, todavía, demasiado influido, en muchos de sus integrantes, independientemente de sus colores partidarios, por una política rancia y vencida en la mayoría de los países que funcionan.
Algo distinto podría esperarse en materia institucional. El favor que este nuevo Congreso, con apoyo de la sociedad, puede hacerles a los próximos años de Argentina no es menor. Desde un replanteo del Consejo de la Magistratura hasta una discusión seria del federalismo fiscal, es mucho lo que los legisladores de la oposición podrían acordar mientras transcurren los dos últimos años de este Gobierno.
Una responsabilidad no menor. Una expectativa social que no debería ser defraudada.
