Una mujer acaba de ser electa presidenta de México, país que contiene la mayor población de habla hispana del mundo y sociológicamente considerado de acendrado machismo. Claudia Scheibaum, científica y académica, gana la elección por el porcentaje más alto de votos de la historia del país luego de desempeñarse como jefa de gobierno de la Ciudad de México. En su discurso de asunción, destacó que el disenso es inherente a la democracia, y que por ese camino hay que transitar. Una invitación al diálogo, que otros mandatarios no realizan en la región.
Indudablemente, su triunfo es un paso más en la costosa lucha por la igualdad de géneros, que tal vez, sea una de las injusticias más notorias de nuestra civilización.
En Argentina, la mujer alcanzó un gran logro con la ley de cupo femenino sancionada en 1991 con el N° 24.012, por iniciativa de la senadora radical de Mendoza Margarita Malharro de Torres, un ejemplo de legisladora que espero que sus correligionarios de hoy tengan en cuenta como muestra de su comportamiento parlamentario. Fue una ley que iluminó a América, porque abrió un camino hasta ese momento, no recorrido en otros países. Durante su vigencia se transformaron no sólo los Parlamentos sino la organización de los partidos políticos y los liderazgos. Dieciséis años después de sancionada esa norma las dos fórmulas presidenciales más votadas estaban encabezadas por mujeres: Cristina Fernández de Kirchner y Elisa Carrió en la elección presidencial de 2007.
En el Poder Judicial sin ley de cupos, la mujer fue ocupando espacios tímidamente a partir de 1957 cuando el gobierno de facto presidido por Pedro Eugenio Aramburu designa a María Luisa Anastasi de Walger jueza civil, primera mujer en ocupar un cargo en la magistratura, cuando aún el Código Civil otorgaba una situación jurídica a la mujer con gran disparidad con los varones.
El gobierno de Arturo Frondizi profundizó ese camino y designó a Margarita Argúas, también en el fuero civil y a Guillermina del Campo como jueza de trabajo. Argúas en 1970 fue designada jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Fue la primera mujer en integrar la Corte argentina y la segunda en Latinoamérica.
A partir de allí el avance de las mujeres en la Justicia tanto nacional como provincial fue notable. Hay muchos fueros hoy que tienen mayoría de mujeres juezas en concordancia con el aumento de las mujeres en las cátedras universitarias y en las carreras de abogacía de las universidades públicas y privadas.
El mundo del derecho en Argentina es un espacio compartido por varones y mujeres
El mundo del derecho en Argentina es un espacio compartido por varones y mujeres, en algunas materias con notoria mayoría femenina. Pero no sólo hay que destacar el número sino la calidad de las juristas en las muy variadas ramas del derecho, aún en aquellas especialidades que eran consideradas hasta hace poco tiempo reservas masculinas. Las titularidades de cátedra a las que se accede por concurso, la elaboración de trabajos científicos de alta calidad, el brillante ejercicio de la profesión demuestran la contribución permanente de la mujer al enriquecimiento del derecho argentino.
Sin embargo, sólo dos mujeres en este siglo fueron designadas miembros de la Corte: Carmen Argibay y Elena Highton. Y ante las dos vacantes producidas en el órgano máximo no hay mujeres propuestas para cubrirlos. Es una omisión que debe ser reparada. La presencia de mujeres en la Corte no es una cuestión de paridad sino una cuestión de Justicia. Muchas juristas exhiben sobrados méritos para ser propuestas para ocupar esas vacantes. La complejidad del mundo contemporáneo requiere que el máximo órgano judicial de un país, que tiene como misión última la defensa del orden constitucional y la vigencia de los derechos humanos, integre la visión de las mujeres a la resolución de los casos.
El Senado de la Nación es quien debe dar acuerdo a quienes propone el Presidente. Espero que ayude a reparar tan delicada situación para la calidad institucional argentina.
*Profesor de Derecho Constitucional.
