Los momentos de crisis pueden ser oportunidades de cambios. Los cuales en el sistema universitario son vastos y necesarios. La confirmación de la afirmación la encontramos en la comparación del gobierno menemista, con gran ajuste monetario pero de intensidad en política universitaria, y los gobiernos K, con incremento en el financiamiento y escasas políticas. El menemismo creó la Ley de Educación Superior y en ella se plantearon organismos claves como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación (Coneau). Los K les quitaron el carácter punitivo a los resultados de evaluación y plantearon los fondos de compensación. Lo cual ha conducido a burocratizar el instrumento y que deje de ser útil.
Otra política, aparentemente interesante, de los K fue la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología; su lado oscuro ha sido que se ha financiado con los fondos que el sistema universitario tenía para investigar, dado que desde entonces se han congelado, lo cual ha conducido a otro gran problema, el de profundizar el divorcio entre investigación, docencia y sociedad. La gente del Conicet que habita los espacios universitarios es vista por muchos miembros de la comunidad como ocupas de su institución.
La reforma de 1918 llamó la atención sobre dos procesos: el de la teologización del conocimiento y el de la burocratización de la gestión. Lamentablemente, este último señalamiento ha quedado en el olvido y el primero se ha transformado en partidización de la gestión, con lo cual estamos en una situación semejante a cien años atrás, con el agravante de que la autonomía, también conquistada por los reformistas, se ha transformado en anarquía y fragmentación. ¿Qué aspectos es imperioso cambiar? Precisamente los que de alguna manera se ha mencionado, es decir recuperar un sistema autónomo, articulado y flexible, para contrarrestar al menos dos problemas: la burocratización y la fragmentación. Para lo cual no se precisan recursos nuevos.
Hoy estamos frente a un gobierno que tampoco ha generado políticas para las universidades, se menciona que existe un docente cada ocho alumnos, y es difícil creer que ese valor sea correcto; no obstante, es evidente que existen carreras donde la relación puede ser un docente cada cincuenta estudiantes y otras, de un docente por estudiante, lo que se puede observar incluso en una misma universidad. Ello revela la falta de políticas racionales al interior de las mismas.
La posibilidad de que estas carreras, con pocos o muchos alumnos, se cierren por unos años y el cuerpo docente atienda carreras de posgrado, para luego de unos años volver a abrir el grado, requiere no solo de un modo de organización flexible, sino de tener docentes que garanticen su capacidad. Para ello, además del concurso público, se requiere de un sistema de evaluación. El convenio colectivo de trabajo encarna como valor el de la P2, es decir, la pertenencia y permanencia en la institución. La partidización emerge como resultado de estos nichos aislados y en virtud de la compulsión de perpetuarse en la gestión, se refuerza el statu quo, dado que para permanecer se negocia todo, menos cambios racionales. Es preciso recuperar el sistema de evaluación externa, desburocratizar esa herramienta, otorgarle nuevamente poder punitivo e incluir dos dimensiones más a evaluar: el de la calidad política de la institución - en donde la flexibilidad organizacional y la alternancia de autoridades sean dos paramentos rectores- y la calidad de los docentes: para lo cual será necesario observar cómo, quienes y cada cuanto se evalúan.
Muchos de quienes defienden el espíritu público de la universidad son quienes más la privatizan. Público implica universidad abierta, no solo para los estudiantes, sino abierta en sus espacios y cargos de docencia, investigación y gestión.
*Profesor de la Universidad Nacional del San Luis (UNSL).
