Los dos últimos ataques contra la familia del qarashe Félix Díaz, líder de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), en la provincia de Formosa, ponen al desnudo la crudeza de un ensañamiento y persecución contra nuestros Pueblos Indígenas en la persona de quien es un emergente notorio de los Pueblos en la Argentina y un portavoz lúcido del pensamiento indigenista del siglo XXI, que ha alcanzado trascendencia internacional por la justeza de sus reclamos y por una actitud pacífica –destacada por el papa Francisco– que contrasta con la de sus tenaces perseguidores.
Los ataques sufridos por su hija Josefina –que fue embestida a cuchilladas– y por su esposa, Amanda Asijak, se suman a los perpetrados contra su hijo Abelardo, que sobrevivió a un intento de degüello en 2012, y contra el mismo Félix Díaz, que el 9 de agosto de 2012 fue víctima de un accidente típico en la provincia de Formosa: lo atropellaron en la ruta y sus agresores huyeron. Su sobrino Daniel Asijak fue ultimado en enero de 2013. Otros miembros de las comunidades han sido asesinados; la lista de Qom matados se integra a otra muy extensa, son veinte los indígenas muertos en los últimos cinco años, entre ellos el bebé calcinado en el Chaco. Estos ataques han sido y son tan crueles como descarados; sin embargo, ninguna autoridad ha desplegado el más mínimo esfuerzo para atenuarlos. Por el contrario, en muchos casos fueron prácticamente alentados: se les brindó impunidad a los agresores y se emprendieron acciones judiciales contra las víctimas.
El propio qarashe afrontó un nuevo embate del juez Santos Gabriel Garzón, titular del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, que el 13 de noviembre de 2013 dictó el procesamiento de Félix Díaz y de otros tres miembros de la Comunidad.
En 2010, las fuerzas provinciales reprimieron con ferocidad la protesta de los Qom en la Ruta Nacional 86, cuando la comunidad solicitaba la intervención del Estado federal para hacer efectivo el derecho a la tierra y al territorio, tal como mandan la Constitución Nacional y otras leyes –entre ellas, la 26.660– e instrumentos internacionales ratificados por el país. En ese operativo murieron un policía y un indígena y quedaron decenas de heridos; Félix Díaz y otros 23 integrantes de la comunidad fueron imputados por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones graves y leves, e instigación a cometer delitos.
Dice el Amicus Curiae presentado por el CELS ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“El día 23 de noviembre, los policías reprimieron brutalmente a los indígenas, que no eran más que setenta, incluyendo ancianos, mujeres –algunas de ellas, embarazadas– y varias personas menores de edad. Parte de la represión consistió en numerosos ataques perpetrados por grupos de hasta ocho policías a cada indígena y reiterados intentos de asesinato a Díaz. En algunos casos, cuando la persona ya estaba reducida en el piso o herida, la agresión policial continuaba, incluso con armas de fuego. Los 23 indígenas detenidos –la mayoría de ellos, de edad avanzada, y varios menores de edad– fueron maltratados en la comisaría, donde por la noche fueron dejados a la intemperie a pesar de la lluvia, esposados y con las lesiones ocasionadas por los policías sin tratamiento alguno”.
Refiere además que, según el informe de Gendarmería Nacional del día siguiente, el juez Raúl Mouriño –presente en el lugar junto a la fiscal de turno– ordenó incendiar las casas de los indígenas. A las pocas horas, Mouriño se inhibió para continuar con las causas a su cargo, que quedaron a cargo del juez Garzón, de Clorinda.
Esta situación derivó en una intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque no se han logrado hasta ahora resultados alentadores. Por el contrario, el inicio de las negociaciones impulsadas por el máximo tribunal para lograr acuerdos en el proceso de entrega de tierras no ha podido frenar la conflictividad y las agresiones se han intensificado.
Este caso de agresión sanguinaria y vandalismo oficial fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 21 de abril de 2011 –en lo que se considera una decisión histórica para los Pueblos Indígenas de la Argentina– concedió las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría General de la Nación y el CELS, y ordenó al Estado argentino proteger la vida e integridad de los miembros de la comunidad La Primavera.
La jactancia e imperturbabilidad de autoridades nacionales y provinciales ante esta situación, en plena democracia, muestra un proceder sustentado en la impunidad, la mentira y el negacionismo usados como herramientas políticas racistas, esgrimidas contra las que llaman “minorías étnicas”, desconociendo el principio de igualdad a ciudadanos argentinos. Es sorprendente que estos procederes no hayan provocado aún la movilización del conjunto de organizaciones de derechos humanos.
¿Habrá que buscar en el campo internacional la salida que nuestra arquitectura jurídico-institucional es incapaz de dar? Se necesita algo más que un ámbito de denuncia ¿Cuándo se detendrá el asedio criminal a los Qom, a Félix Díaz y a su familia? ¿Cuando Félix Díaz y su pueblo abandonen su lucha? ¿Cuando finalmente sea encarcelado? Una buena respuesta podemos encontrarla en la lucha de líderes como Nelson Mandela o en tribunales internacionales que han sabido impartir justicia allí donde la Justicia nacional no fue capaz de hacerlo.
Este escenario de angustia, intimidación, agresiones y muertes nos retrotrae a prácticas represivas que creíamos desterradas y que amenazan peligrosamente con perpetuarse. Y no se le vislumbra el final. De no cesar inmediatamente, esta escalada podría desembocar en más hechos irreparables.
*Presidente de la Auditoría General de la Nación. Ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
