La orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump de desmontar el plan ambiental que trabajosamente había conseguido imponer a largo plazo su antecesor demócrata Barack Obama es una mala noticia, no sólo para Estados Unidos sino también para el resto del planeta.
De la mano de Obama, Estados Unidos habría de abandonar el rol de actor principal de la contaminación global para convertirse en protagonista de una reconversión energética que prescindiera del carbón, posicionándose como líder de los esfuerzos mundiales coordinados para frenar el cambio climático global.
En 2015, al cabo de intensas negociaciones con China y otras grandes potencias responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, Estados Unidos firmó el Acuerdo de París, que incluye financiar acciones de mitigación y prevención en países en desarrollo con un fondo de US$ 100 mil millones. Fronteras adentro, Obama se fijó como meta reducir las emisiones un 30% para 2030, respecto de 2005.
Este histórico tratado, que reemplazó al antiguo Protocolo de Kyoto, estableció las medidas no vinculantes que cada país debe tomar para limitar, al menos, a menos de 2 °C el nivel de calentamiento global hacia 2100, respecto de los niveles previos a la Revolución Industrial. Los científicos aplaudieron el esfuerzo y la entrada en vigencia del Acuerdo en 2016.Pero en esos tiempos el precandidato presidencial republicano Trump ya anunciaba que revertiría la política ambiental de Obama y repudiaría el Acuerdo de París, negociado por Estados Unidos y otros 194 países.
Si bien los últimos diez años más calurosos de los registros modernos ocurrieron desde 1998, y 2016 marcó un récord de aumento de temperatura desde 1880 (1,5 °C), Trump insiste en desafiar el consenso científico: “Eso del cambio climático es un fraude”, asociándolo con una estrategia propagandística de China para dañar la economía norteamericana: “Nadie lo tiene claro, y mientras tanto otros países se comen nuestro almuerzo”.
Con el negacionista del Cambio Climático, Scott Pruitt a cargo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el secretario de Estado, Rex Tillerson, ex CEO de la multinacional petrolera Exxon Mobile, Trump define el equipo ejecutor de la nueva política norteamericana.
Varias razones podrían entorpecer o demorar sus planes. La primera, de raíz estrictamente política, es que la gestión Trump tiene plazos electorales. Los estadounidenses, en particular la franja del electorado joven más consciente y comprometido con la salud de la Tierra, pueden frenar esta contraofensiva en las urnas, en dos, cuatro u ocho años.
La segunda pasa por la complejidad del sistema institucional: si bien la Casa Blanca puede desmontar por decreto el plan ambiental de Obama, lo cierto es que las agencias necesitarán largos meses para revisar las actuales regulaciones. Por otra parte, muchas decisiones ambientales seguirán en manos de los Estados, algunos de los cuales mantienen una clara política local de reducción de emisiones y de aliento a las energías renovables. De hecho, una coalición de una treintena de Estados ya apeló las medidas de la nueva EPA, por considerar que se excedió en sus competencias.
Aun cuando el Artico se empequeñece durante el verano, los glaciares retroceden en todo el mundo y los océanos suben su nivel y se acidifican, los desastres naturales asociados con el cambio climático recién se están insinuando. El Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió recientemente que deben producirse “reducciones sin precedentes de las emisiones de gases de efecto invernadero”, y eso al menos dentro de los próximos 15 años. Para entonces, Trump y sus cruzados negacionistas del cambio climático ya estarán fuera de la Casa Blanca, aunque el daño resultante del retroceso estará hecho.
*Presidente Fundación Embajada Abierta.
Ex embajador ante la ONU, Estados Unidos y Portugal.
