El problema de la discrecionalidad no es nuevo. Acompaña al autogobierno desde su origen y fue una de las preocupaciones centrales de quienes, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, intentaron darle forma institucional a la república.
Los fundadores sabían que ningún orden político podía prescindir por completo de decisiones excepcionales, pero también entendían que la discreción planteaba un problema estructural para el autogobierno. Por eso, lejos de celebrarla, buscaron contenerla, encauzarla y subordinarla a reglas, convencidos de que el autogobierno no consiste en la libertad de decidir sin límites, sino en la capacidad colectiva de gobernarse mediante leyes que obligan incluso –y en particular– a quienes gobiernan.
En esa preocupación fundacional, la discrecionalidad ocupó un lugar ambiguo. Nadie creía posible gobernar solo mediante reglas abstractas: toda república enfrentaría momentos de urgencia, incertidumbre o peligro. Los fundadores eran realistas, no utópicos; sabían que la realidad es más rica que el código. Pero justamente por eso, desconfiaban de la discreción como principio estable. La aceptaban como recurso excepcional, no como forma ordinaria de gobierno. Como advertía James Madison, el problema no era que el poder actuara, sino que pudiera hacerlo sin quedar atado a reglas estables y controles externos: incluso cuando se ejerce en nombre del pueblo, el poder que no reconoce límites legales tiende a emanciparse de la comunidad que dice representar. De allí que insistieran en que incluso los actos más urgentes debían pensarse como desviaciones temporales, justificadas y reversibles, y no como expresiones plenas del autogobierno.
En el centro de esa concepción fundacional había una idea exigente de autogobierno. Gobernarse a uno mismo no significaba la suma inmediata de voluntades, ni la libertad de decidir sin trabas, sino algo más arduo: la disposición colectiva a vivir bajo reglas comunes que anteceden y estructuran la acción política, en lugar de quedar sometidos a la voluntad inmediata de quienes gobiernan. El gobierno republicano no se definía por la intensidad de la decisión, sino por su sujeción a procedimientos impersonales y previsibles. Precisamente por eso, la discrecionalidad debía ocupar un lugar subordinado: no como expresión plena del autogobierno, sino como una excepción tolerada allí donde la regla aún no alcanzaba –y siempre bajo la expectativa de que volviera a hacerlo.
En este marco, la reciente actuación del gobierno de Donald Trump frente a la crisis venezolana ofrece un ejemplo especialmente nítido del problema. Las decisiones adoptadas en torno a Venezuela se apoyaron en una ampliación significativa del margen de acción discrecional del Poder Ejecutivo, con un papel secundario para las mediaciones institucionales y los controles legislativos en el orden interno, y para los acuerdos y reglas colectivas en el plano internacional. Desde esta lógica, gobernar pasó a identificarse menos con administrar un sistema de reglas compartidas y más con la capacidad de decidir sin demoras ni interferencias. El problema, desde una perspectiva fundacional, no es la gravedad del contexto ni la energía del mando, sino el desplazamiento que se produce cuando la discreción se afirma como forma ordinaria de gobierno y la regla comienza a ser tratada como un obstáculo.
Esa preocupación no fue exclusiva del mundo anglosajón. También atravesó las reflexiones de los fundadores sudamericanos. Juan Bautista Alberdi lo expresó con claridad al pensar los dilemas de las nuevas repúblicas: el desafío no era encontrar gobernantes virtuosos, sino someter el ejercicio del poder a un sistema de reglas capaz de sobrevivir a sus ocupantes. Allí donde la decisión personal reemplaza a la ley, advertía, la república deja de gobernarse y pasa a depender del carácter –o del humor– de quien manda. La lección sigue siendo incómoda, pero vigente: el autogobierno no se mide por la rapidez de la decisión ni por la fuerza del liderazgo, sino por la capacidad de una comunidad política para atarse a reglas que limitan incluso –y sobre todo– a quienes gobiernan en su nombre. Solo así se evita el peligro más temido por los fundadores: que la discreción se convierta en la antesala del despotismo.
*Politólogo y autor de Una Argentina a Medias.
