Lo que está pasando en Brasil representa una situación histórica que trasciende sus propias fronteras. El pedido de detención del ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, que se da en el marco de la famosa “Operación Lava Jato”, es el caso de corrupción más grande de la historia del Brasil y uno de los más impactantes del mundo, ya que involucra a gigantes empresarios y funcionarios de decenas de países. La investigación se inició en el 2009 en los Estados Unidos –por ser empresas que cotizan en Wall Street–, y surgió en relación a pagos de sobornos por parte de varias compañías que son contratistas del Estado brasileño, principalmente en este caso, Petrobras. La petrolera estatal hacía licitaciones que iban destinadas a las grandes empresas de ingeniería y construcción del Brasil.
El objetivo era estimular la generación de nuevos empleos. Este programa fue motorizado por Lula y quien fue su ministra de Energía, Dilma Rousseff. Para favorecer la contratación de ciertas empresas, Petrobras pedía un 3% en concepto de coimas, dinero que se repartía entre políticos y empresarios. En el 2014 se abrió una causa a cargo del juez Sergio Moro en Brasil; en el 2016, la compañía Odebrecht firma un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía del distrito sur de Nueva York de Estados Unidos, y el escándalo comienza a escalar hasta lo que es hoy: Lula da Silva, el presidente más popular que tuvo Brasil, tras las rejas.
Si bien Lula tiene nueve procesamientos, la causa que lo llevó a prisión presenta evidencias controvertidas, hecho que crea sospechas de su utilización con intereses políticos con el objetivo de sacar de la cancha un candidato que se fue de la Presidencia con un 83% de popularidad, y que, según todas las encuestas, es el favorito para ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre venidero (Michel Temer, actual presidente, tiene alrededor del 2% de aceptación). De todos maneras, la velocidad con la que se resolvió la causa –haya sido con el resultado de Lula culpable o inocente– merece que realicemos una reflexión comparativa entre el vecino país y la Argentina.
A partir del 2016 vimos en los medios sistemáticamente las repercusiones de esta investigación. Odebrecht, admitió por aquel entonces, el pago de coimas por US$ 35 millones en la Argentina, lo que nos colocó en el sexto lugar entre 12 países acusados de recibir coimas por parte de la compañía. Hoy, dos años después, Lula está preso y en la Argentina las causas apenas avanzaron. A esta altura la Justicia debería explicar por qué no puede replicarse el Lava Jato en la Argentina.
Bochornoso. Es el calificativo que mejor define lo que pasó en la reunión bicameral ante la que expuso Luis Caputo el miércoles pasado.
El ministro de Finanzas debía contestar cosas que lo incomodaban y lo que terminó sucediendo fue un conjunto de hechos que acabaron en un escándalo que no hizo más que agregar desprestigio a la ya desprestigiada política. Y esto fue no solo causado por lo infantil del papelito y la sobreactuada y desmedida reacción de la diputada Gabriela Cerruti, sino también por el bajo nivel de las preguntas de muchos legisladores.
Varios de los legisladores que preguntaron deberían, cuanto menos, haber leído los artículos llenos de información que sobre las actividades offshore de Caputo escribieron Emilia Delfino y Hugo Alconada Mon. Es cuestionable también la actitud del senador peronista, titular de la bicameral y miembro de Argentina Federal –bloque aliado del oficialismo–, José Mayans, que levantó la exposición. Los hechos, además de lamentables, sacaron el foco de lo importante: hoy dos de cada tres emisiones son para refinanciar deuda que vence; la deuda neta es de US$ 200 mil millones y un funcionario público justificó el uso de offshore como “cajas de seguridad”.
Lo del kirchnerismo fue igualmente lamentable. La interminable y confusa exposición seudoprofesoral de Axel Kicillof fue un salvavidas ideal para el ministro. Kicillof habló como si nada hubiera tenido que ver en la génesis de la bomba de tiempo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le dejó, no al actual gobierno sino al país. Olvidó que en los cuestionados contratos por la explotación de Vaca Muerta entre YPF y Chevron se usaron sociedades offshore. El levantamiento de la sesión que propiciaron con su de-saforada reacción tanto la diputada Gabriela Cerrutti como el diputado Agustín Rossi, impidió que se hablara del tema de la deuda de la Argentina, uno de los asuntos más delicados que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri.
En el oficialismo, todo el episodio se vivió como un triunfo. “Hemos dejado a la oposición sin argumentos”, fue una de las frases que más se escuchó en el centro del poder.
La situación de Caputo, sin embargo, aún no está aclarada. Como bien lo consignó en uno de su artículos Emilia Delfino, alguna de la documentación presentada por el ministro no se condice con la realidad. En su exposición ante la bicameral, dijo que era un tenedor fiduciario de acciones de la empresa Noctua. Esto contradice la documentación que aportó la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos que señala que, hasta julio de 2015, Caputo era el poseedor del 74% de las acciones de la sociedad Princes International Group, que fue fundada en las Islas Caimán.
Por medio de esta firma, el ministro era el propietario de entre el 50% y el 74% de Affinis Partner II, offshore que también tiene sede en ese paraíso fiscal y que es la dueña de Noctua. Ninguno de estos datos figuran en la declaración jurada de bienes que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA). Esto es considerado un delito. En la semana que pasó, la titular de la OA, Laura Alonso, dijo que la investigación acerca de estas conductas grises del ministro no están cerradas. La pregunta es: ¿la averiguación judicial avanzará con la velocidad con la que en Brasil se hizo el “Lava Jato”, o se lo hará “a la argentina”?
Nelson Castro.
Producción periodística: Lucía Lopreiato
