De la Corte al Congreso

Para poder mover un dedo, el Gobierno tiene que apelar cada vez más a la palabra, la catarsis dialoguista, virtud de la que hace gala al haber llegado al poder carente de mayorías parlamentarias. El diálogo implica una transformación, que en política podría llamarse “concesión”. A casi nueve meses de gestión, la marcha de la economía y la dinámica política vienen obligando al Poder Ejecutivo a más diálogo, cuando podría haberse esperado en la hoja de ruta original un fortalecimiento que lo hiciera prescindente de tanta charla.

Si bien se mira, en poco tiempo más el Congreso tomará las riendas de las mayores decisiones económicas, y el Gobierno recién estará volviendo a tirar los dados tras retroceder veinte casilleros con el fallo de la Corte en contra del aumento de las tarifas de gas.
Tendrá pronto en sus manos el Congreso el proyecto de ley del nuevo impuesto a las ganancias, para lo cual se comprometió el Ejecutivo a un diálogo de Alfonso Prat-Gay con el sindicalismo apenas llegue de China. Recibirá en diez días el proyecto del Presupuesto 2017, con metas macroeconómicas y gastos que serán sometidos a examen y negociación rigurosos.

En tren de negociaciones, mañana se presentará en sociedad una propuesta de readecuación tarifaria, como paso inicial con los gobernadores de las provincias. Luego será el turno de las empresas y los sindicatos del sector, antes de recalar en las temidas audiencias públicas obligatorias pero no vinculantes para disponer la readecuación de los precios del gas.
¿Soportarán los objetivos del Gobierno tanta negociación con tantos actores demandantes y poderosos a la hora de la gestión?

A pesar de los mayores costos fiscales que implica cada intervención política en la economía, el Gobierno cree que tiene un balance positivo por delante. Sostiene que de las audiencias públicas saldrán airosos con un nuevo programa atenuado para las tarifas del gas, que les traerá la tranquilidad política necesaria para avanzar en proyectos fuera de la agenda ardiente.

Aseguran en Gobierno que recién entonces se podrá empezar a apreciar algunos logros invisibilizados hasta el momento. Por ejemplo, la semana pasada, y coincidentemente con la masiva marcha federal en contra de su política económica, por primera vez el Gobierno vio una luz en el túnel. Hacía meses que en el despacho del vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, se especulaba con las cifras de crecimiento de la producción de cemento portland. El viernes se les dio: los despachos de agosto subieron en un mes 22,9%, y 6,6% respecto de un año atrás. Cemento es igual a construcción, y los números son consistentes con lo que empezará a dar a conocer en breve el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. El Gobierno cree que no hay registro del real gasto público en ese rubro, que alimentaría la sensación de parálisis. Allí aseguran que sólo en agosto hubo desembolsos para construcción de viviendas por $ 1.800 millones y otros $ 1.700 millones a obras públicas. Calculan que en septiembre destinarán unos $ 900 millones más a obras de saneamiento.

Ese esfuerzo por mostrar la cara feliz del gasto público y que hay gestión además de discursos de orden podría coincidir, hacia mediados de mes, con las medidas reactivadoras del consumo anticipadas por PERFIL. Siguen en estudio la ampliación del alcance de los reintegros del IVA a las compras con tarjetas de débito y crédito, e incentivos fiscales a economías regionales en crisis.

Competencia. En el Senado también se debate un nuevo régimen con topes a los aranceles que cobran las tarjetas de crédito. El tema se tornó caliente la semana pasada a partir de la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de denunciar a Prisma, sociedad propietaria de Visa, por su posición monopólica en el procesamiento de cuentas de crédito. Propiedad de la mayoría de los bancos nacionales, Visa tiene costos que, según los comerciantes, les genera cargas insoportables en su operatoria.

Se trata de una decisión relevante a la hora de desbrozar los costos que le llegan al consumidor.
Por ejemplo, la actitud dominante de las tarjetas de crédito en la negociación de las condiciones de financiamiento es uno de los argumentos coincidentes entre sectores que cargan con lo suyo en el debate sobre los precios. Cadenas de retail, fabricantes de electrodomésticos, supermercados y los comerciantes de los shoppings se quejan de que se les impone un precio final inflado en cuotas del cual no pueden despegarse para hacer descuentos en efectivo.

En el fondo, surge la discusión de quién paga y quién se cobra el alto “costo argentino”, que según la mayoría de los industriales les impide competir con éxito con exportaciones. La eliminación de la burocracia y la reducción de altos costos productivos son saludables. Pero tampoco las empresas lo sienten como un triunfo claro. ¿Será cuestión de conversar más?