Los hechos de violencia y transgresión de las normas mínimas de convivencia ocurridos en Córdoba obligan a reflexionar sobre el Estado de derecho, máxime cuando el martes próximo se cumplen treinta años de continuidad del sistema institucional sin interrupciones militares.
Una huelga policial convirtió a la ciudad en un territorio sin ley ni respeto a derechos esenciales. Robo, destrozos, justicia por mano propia, se tornaron en las conductas habituales de una población que perdió sus límites y hasta la conciencia jurídica de la ilegalidad de sus conductas, puesto que muchos protagonistas compartieron en redes sociales los botines de sus delitos.
La desmesura de la reacción social tiene su contrapartida en la desmesura con que se ejerce el poder en Argentina. La corrupción es calificada por la Constitución Nacional como un atentado contra el sistema democrático. El artículo 36 de su texto, según la reforma introducida en 1994, dispone: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento…”. Los graves hechos de estas características, imputados a quienes ocupan los más altos rangos de la jerarquía política, la impunidad en la que se amparan quienes son sospechados de tales actos y el crecimiento inexplicable de las fortunas de funcionarios y amigos del poder político, se han tornado en hechos habituales en la lábil democracia argentina.
La corrupción, además de resultar delictiva y éticamente reprobable, deteriora la legitimidad del sistema porque crea una forma oligárquica de organización social, donde funcionarios y particulares vinculados al poder político se distribuyen privilegios y canonjías a través del desvío de fondos públicos que deben ser utilizados para promover el bienestar general, que es un fin del Estado argentino según el preámbulo de su Constitución.
Las comunicaciones contemporáneas permiten que estos hechos y la ausencia de penalidades se instalen en la conciencia pública y creen una atmósfera cultural propicia para la violación del ordenamiento legal. La continua visión de los rostros sonrientes y provocativos de quienes están imputados de graves actos contra el Estado y el amparo político que estos personajes reciben del círculo de poder que integran no constituyen situaciones que promuevan el cumplimiento estricto de las normas legales.
El sostenimiento decidido de altos niveles de pobreza, cuando la cúpula de poder proclama que existe una economía en crecimiento, la ausencia de servicios públicos dignos para la mayoría de la población y el deterioro del sistema educativo, que esta semana arrojó índices vergonzantes para cualquier Estado, afectan con mayor impacto a los grupos más vulnerables y contrastan con la riqueza que exhiben la mayoría de los gobernantes.
Estas situaciones son hechos que no pueden omitirse al evaluar la reacción social que tuvo esta vez a Córdoba como escenario. No disculpan ni quitan responsabilidad legal a quienes cometieron los hechos delictivos, pero contribuyen a explicar la pérdida de controles y el avasallamiento de normas de convivencia básica.
En el aniversario de la culminación de la última dictadura militar y de la recuperación del sistema constitucional, resulta oportuno y conveniente reflexionar sobre el sentido profundo del Estado de derecho. Este impone primariamente que gobernantes y gobernados se sometan al orden legal. Sin cumplimiento de las normas constitucionales y legales por funcionarios y habitantes, sin la promoción de una prosperidad igualitaria, el Estado de derecho continuará siendo un objetivo a lograr más que una realidad cotidiana.
*Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Culturales. Reside en Montevideo.
