Se llamó diputrucho a Juan Kenan, un asesor del entonces diputado Juan Manuel Samid, hermano de Alberto Samid. En la sesión del 26 de marzo de 1992, Kennan ocupó una banca y le posibilitó al Partido Justicialista la obtención de quórum para una sesión clave en la que se aprobó el marco regulatorio para la privatización de la empresa Gas del Estado impulsada por el entonces presidente Carlos Menem.
Desde aquel episodio hasta el protagonizado por el ahora ex diputado Juan Ameri han pasado –al día de hoy– 28 años, 6 meses y un día. Han sido 28 años, 6 meses y un día de un paulatino e imparable deterioro político de la Argentina acompañado por sus deletéreas consecuencias institucionales, sociales y económicas.
El caso del ex diputado Ameri deja al desnudo una vez más no solo la turbia trama de la confección de las listas de legisladores sino también –y fundamentalmente– la concepción de la actividad política como medio destinado al logro del enriquecimiento de quien la desarrolla. Salen a la luz hechos de la vida de Ameri que lo deberían haber dejado fuera de cualquier candidatura.
“Quiero hablar con mi referente político y ver cuáles son los pasos a seguir”, fue su primera respuesta ante el pedido de renuncia que bajó inmediatamente desde la Cámara. ¿Quién es ese referente que, sin duda, fue clave para que Ameri ocupara una banca?
De no haber ocurrido este episodio seguramente nadie hubiese sabido nada de este individuo que además no tenía la más mínima idea de lo que se estaba tratando en la sesión del jueves.
El caso tiene el valor de exponer una situación de franco deterioro de la política vernácula. ¿Cuántos otros Ameri hay? es la pregunta que tiene una respuesta simple: muchos. Hace tan solo tres semanas el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Piquilman, fue demorado cuando llevaba gente a la toma ilegal de tierras en Villa Mascardi por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
En las elecciones del año pasado, un integrante de la lista de concejales del oficialismo en Tafí del Valle, Agustín Tolaba, tuvo que bajar su candidatura cuando, preguntado sobre sus propuestas electorales, dijo muy suelto de cuerpo “sigamos robando y que siga la droga”.
Hay que recordar que José Alperovich, sobre quien pesa una grave denuncia de abuso sexual por parte de su sobrina, sigue ocupando su banca sin que haya habido por parte del Frente de Todos el más mínimo atisbo para expulsarlo del cuerpo. ¿Habrían hecho lo mismo si el denunciado hubiese sido un legislador de Juntos por el Cambio?
Por si no queda claro: lo de Ameri fue un escándalo; lo de Alperovich, en cambio, un delito.
¿Habría permanecido el oficialismo silente si el tuit que con lenguaje vulgar le dedicó Aníbal Fernández a la diputada Paula Olivetto –“prefiero un diputado calentón a una diputada mala leche”– si hubiese provenido de un miembro de la oposición?
Con todo, el episodio del ex diputado Ameri no fue el único escándalo ocurrido en la bochornosa sesión de la Cámara baja del jueves pasado que duró hasta las cuatro de la mañana del viernes. Otro hecho grave ocurrió cuando se iba a votar el proyecto que deja fuera de las ayudas económicas provenientes del Estado a las empresas que tienen domicilio en paraísos fiscales. Fue entonces cuando el diputado por Consenso Federal Jorge Sarghini advirtió que su par por el oficialismo, Carlos Heller, había introducido una modificación inconsulta y no contemplada en el despacho de comisión: “Hoy que estamos obligados a demostrar más que nunca que los que trabajamos, trabajamos en serio, cómo podemos ser llevados por delante de esta manera. Por favor, reflexionen y actúen correctamente”.
Lo sucedido no fue un accidente: lo mismo pasó cuando se trató en el Senado el proyecto de la reforma judicial. A la hora de votarlo, aparecieron modificaciones que no figuraban en el texto sobre el que se había desarrollado el debate, hecho que advirtió y denunció el senador Martín Lousteau. Así es como actúa el Frente de Todos. ¿Dónde están los consensos acerca de los que habla Alberto Fernández?
Por los pasillos del poder. La ex presidenta en funciones no hace nada para ocultar su fastidio por la gestión del presidente formal. En la reunión que tuvieron el Día de la Primavera en la residencia de Olivos a la hora en que caía la tarde, el humor de CFK no era bueno. Esto no representa ninguna novedad, solo que el motivo de su enfado era incómodo para AF. Las críticas de la vicepresidenta hacia la gestión de gobierno vienen siendo duras y sostenidas. El centro de la discusión fueron los resultados negativos que produjeron las medidas económicas implementadas hace ya casi dos semanas. No es que no las comparta sino que adjudica sus resultados negativos a una mala implementación y a una mala comunicación. Los blancos principales de sus diatribas fueron el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. A esta altura, la ex presidenta en funciones considera que es indispensable un cambio de elenco dentro del gabinete que eyecte de sus poltronas a esos tres funcionarios y a otros. En la categoría otros están el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Alberto Fernández trató como pudo de defenderlos a todos. No le fue bien.
Quien internamente tampoco se muestra elogioso en sus comentarios hacia la gestión presidencial es Máximo Kirchner.
Por todo esto es que la subordinación del presidente formal a la ex presidenta en funciones se hace cada vez más evidente. Solo así se entiende el nivel de las declaraciones que el Dr. Fernández realizó el viernes en la entrevista que le concedió a Radio 10 en la que atacó frontalmente a la Corte Suprema. Curiosa la crítica que le hizo al objetar el tratamiento que el cuerpo hará del caso de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, desplazados de sus cargos por el Senado en un tratamiento exprés. El tono amenazante del presidente formal distó de ser el esperable de un profesor de Derecho. Al Dr. Fernández le asiste la facultad de criticar el eventual fallo que emane de ese tribunal, pero no el de erigirse en el censor de sus tiempos y de sus decisiones. Parece que olvidó que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. ¿Habrá que recordarle lo que dice la Constitución a la que juró observar y hacer observar?
