El respeto a los Derechos Humanos es considerado como una de las pocas políticas de Estado que la diplomacia argentina se compromete a apoyar a nivel internacional. Sin embargo, la interpretación y la implementación de esta política no parece tener lineamientos precisos, y tiende a ser manipulada por razones de afinidad ideológica y política. Parece necesaria una profunda discusión doméstica con respecto a qué conductas y parámetros son aceptables en materia de nuestra política exterior en este campo.
La elección de Alberto Fernández como presidente pro-tempore de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) ha reavivado el debate en torno a la defensa de los DD.HH. a nivel internacional. El gobierno argentino disminuyó el nivel de críticas al gobierno nicaragüense con respecto al encarcelamiento y maltrato de prominentes opositores políticos, para terminar con la negativa de ese país a su nominación. Ante este hecho, la presidenta del PRO Patricia Bullrich propuso que exista un debate serio sobre DD.HH., democracia y libertad entre los miembros del foro Celac. En realidad este episodio pone de manifiesto que también en la Argentina debe existir una discusión seria con respecto a esta importante política de Estado, y a los lineamientos para su implementación a nivel internacional.
En la última década, ha habido un ejemplo de una clara aplicación de esta política de Estado: la exclusión de Venezuela del Mercosur. El país caribeño fue expulsado por no cumplir con la llamada “cláusula democrática”, por poner a opositores políticos en prisión, violar DD.HH. y limitar las libertades democráticas. Contrastando con esto, en el caso de la Celac los conceptos de DD.HH., libertades individuales y democracia, son mucho más laxos. Esto ha llevado a Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la CABA, a señalar que “la pretensión de ejercer la presidencia de la Celac no debe impedir que la Argentina condene las violaciones de los DD.HH. en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.
Sin embargo, la respuesta del gobierno Fernández-Kirchner a abusos en materia de DD.HH. y libertades individuales en Latinoamérica ha sido ambigua. Mientras se abstuvo de condenar a Venezuela o Nicaragua en el marco de la OEA (Organización de Estados Americanos) en Washington, sí condenó en Ginebra a Venezuela luego de la investigación de la Comisión de DD.HH. de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que lidera la ex presidenta chilena Michelle Bachelet. Este camino puede ser considerado legítimo para que Argentina condene oficialmente a un país latinoamericano en materia de DD.HH. En particular, si esta comisión es liderada por personas como Bachelet, que han sufrido en carne propia la violación de DD.HH. por parte de un Estado, conoce la región, y parece ahora enfocarse sobre el caso Nicaragua.
Pero esperar a que la Comisión de DD.HH. de la ONU condene a un país de la región, para recién condenar a ese país en materia de DD.HH., puede también ser considerado como sumamente tardío para la Argentina. Esto se debe a las estrechas relaciones existentes entre países del continente, el profundo conocimiento mutuo en materia política, y los instrumentos institucionales existentes en torno a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de DD.HH. El compromiso interamericano en cuanto a DD.HH. debería predominar sobre el concepto de no injerencia en asuntos internos a nivel regional, pero nunca debería ser utilizado para justificar una intervención militar externa.
A su vez, el presidente Fernández le ha demandado a ciertos gobiernos de la región lo que no les exige a otros. Por un lado, pidió el cese inmediato de acciones de violencia institucional contra manifestantes en Colombia en mayo del 2021. Dado esto, fue duramente criticado por el gobierno colombiano por entrometerse en sus asuntos internos. Por el otro, ante la reacción violenta del gobierno de Díaz-Canel en julio del 2021 hacia manifestantes cubanos, el presidente señaló que: “No conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. No es Argentina ni ningún país del mundo el que tiene que decir qué debe hacer Cuba”.
Existen otras acciones también poco claras, como lo es la intención del ministro de Defensa –Jorge Taiana–, de entrenar a militares argentinos en Rusia, un país de naturaleza autocrática. Esto no parece ser compatible con una política de Estado de defensa de DD.HH., dado que estos militares pueden ser influidos por ideologías totalitarias.
Otro caso interesante es la respuesta de la Argentina en materia de DD.HH. con respecto a China, que defendiendo el principio de no injerencia en los asuntos internos de otro país, no acepta críticas a su sistema político, de naturaleza autoritaria. Pero China ha sido acusada además de cometer crímenes de lesa humanidad contra las minorías uigures musulmanas del oeste del país, internando a miles de uigures en campos de “reeducación”. Mientras el ex ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas, en su momento, y ahora tanto los gobiernos de EE.UU. como el de Australia han criticado a China, Argentina no lo ha hecho. Es interesante notar que la comunidad internacional, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pretende investigar el caso de los uigures, y que dado los impedimentos de China para que se realice una visita a la región de Xinjiang, deberá por ahora realizar esta investigación sin entrar en China. Claramente ante una potencial evaluación negativa de parte de la ONU, Argentina tendrá mayor legitimidad para manifestarse sobre este delicado tema.
Parece evidente entonces, que hace falta un serio debate a nivel interno, para acordar/actualizar los principios de esta importante política de Estado, y la de su implementación a nivel internacional. Es sumamente importante que los puntos de vista ideológicos o sumamente ambiguos no le resten claridad a nuestro acionar internacional en materia de DD.HH., y “descapitalicen” así, como ha señalado el profesor Roberto Russell, uno de los pocos baluartes de nuestra política exterior. A su vez, es crítico identificar consensos en este delicado tema, antes que promover disensos en torno a esta importante política de Estado.
*Especialista en Relaciones Internacionales. Autor de “Buscando Consensos al Fin del Mundo. Hacia una política exterior con consensos”.
