Michelle Bachelet asumirá la presidencia de Chile por segunda vez. Debió dejar pasar un período para volver a postularse pese a que terminó su primer mandato con más del 80% de aprobación; en nuestro país con ese porcentaje de apoyo se hubiera cambiado la constitución y removido cuanto impedimento institucional se opusiera a una reelección. Esta diferencia en lo institucional se corresponde con otras que hacen al manejo de la política económica.
El respeto a las instituciones y su madurez política han permitido a Chile multiplicar por cuatro su ingreso per cápita y reducir la pobreza desde un 40 a un 14 % en 23 años, con una inflación del 3 % anual. En su vuelta al poder Bachelet plantea profundizar las políticas sociales de manera de allanar el camino al ascenso social y a la igualación de oportunidades. Para obtener los fondos necesarios se propone una reforma impositiva que servirá además para reducir la distancia entre pobres y ricos.
Algunos analistas ven estas medidas como un giro a la izquierda. Si por esto se entiende un mayor compromiso con la reducción de las desigualdades sociales, lo más probable es que así sea; y la incorporación de los comunistas a la coalición que ahora toma el nombre de “Nueva Mayoría” puede ser un indicador de ello. Pero si confunden izquierda con lo que hacen los gobiernos populistas de la región estarían cometiendo un doble error: conceptual y de diagnóstico. “Nueva Mayoría” se aleja del populismo en sus dos dimensiones: la institucional y la económica. En cuanto a la primera, el respeto a las formas republicanas de gobierno por parte del partido socialista de Bachelet y de la democracia cristiana que continúa en la coalición, lo garantizan; y en cuanto a lo económico, ambas fuerzas mayoritarias apuestan a las medidas de mediano y largo plazo que aseguran la continuidad del proceso productivo vigente.
Lo mismo ocurre en Uruguay, donde un reciente congreso del Frente Amplio aprobó un programa impulsado por las corrientes más de izquierda del Frente (el MPP y el PC), que incluye una mayor carga impositiva a las empresas. Tampoco aquí existe peligro de desviación populista, ya que la también probada cultura política uruguaya y los antecedentes del candidato favorito para las elecciones, Tabaré Vázquez, lo garantizan.
En aras de señalar coincidencias, Tabaré Vázquez también debió dejar pasar un período para postularse; y Transparencia Internacional acaba de señalar a Chile y Uruguay como los países menos corruptos de la región.
Lo observado en estos países va en línea con la política socialdemócrata europea en cuanto a proponer políticas de izquierda sin caer en el populismo. Un ejemplo reciente es la formación de una gran coalición entre los socialdemócratas y la CDU de Merkel, en Alemania, donde los primeros impusieron un salario mínimo, mejoras en pensiones y jubilaciones y una fuerte inversión en educación, entre otras conquistas, lo que hizo decir a un semanario liberal que Alemania “se mueve hacia la izquierda” y “será más social”; todo esto sin cuestionar la rigurosidad productiva del modelo de desarrollo vigente.
Nada de esto aparece en el horizonte post kirchnerista. Para que esto ocurra, la centro izquierda radical, peronista o socialista debe revisar la simplificación de confundir gobierno con distribución asistencialista de los ingresos. Para ello, el respeto por las normas republicanas de gobierno debe ir acompañado de un programa que especifique nítidamente cómo se creará la riqueza y qué medidas se tomarán para asegurar que ello ocurra. Riqueza que se distribuirá a través de empleos genuinos y bien pagos, junto a servicios de salud, educación y seguridad social de calidad, y no por asistencialismo. Hasta entonces seguiremos abrevando de un populismo económico inconducente.
*Sociólogo.Miembro del Club Político Argentino.