El gobierno nacional acaba de anunciar aumentos del boleto de transporte de pasajeros de colectivos, en el área de su jurisdicción. También acaba de anunciar que no habrá incrementos generalizados de las tarifas de electricidad que pagan los consumidores, pero se reducirán subsidios a sectores de altos ingresos, del área metropolitana.
En el primer caso, no fue informado cómo influye este mayor precio sobre el monto de los subsidios (pagos directos que hace el Gobierno a las empresas de transporte, financiados con impuestos que se pagan en todo el país, aunque no viajen en colectivo en el Gran Buenos Aires).
En el segundo caso, tampoco se informó si ello va a implicar mayores subsidios al sector energético, menores o iguales. O si las tarifas actuales y los subsidios actuales son suficientes para cubrir todos los costos, obtener una rentabilidad “razonable” y hacer las inversiones necesarias, y, entonces, las empresas distribuidoras, pese a tener directores del Estado, veedores, un ente regulador y un ministerio ad hoc, desviaron el dinero hacia otros fines. En ese sentido, no se informó qué contempla el contrato de concesión vigente, para casos de “olas de calor extraordinarias”, ni los plazos dentro de los cuales las empresas respectivas deben restablecer el servicio. Además de las multas a las empresas, tampoco se sabe qué sanciones les corresponderán a los directores y funcionarios del Estado que permitieron que esos desvíos de fondos ocurrieran. Ni de dónde van a obtener fondos las empresas para pagar las multas, dado que ni siquiera pagan la factura completa de la electricidad que compran para distribuir.
Lo cierto es que aun cuando lo que está sucediendo en estos días fuera sólo una exageración de los medios, que en lugar de “hablar de la ola de calor, hablaron de los cortes de electricidad” (avisen a la gente que no tiene servicio desde hace veinte días que la culpa es de TN), está claro que la Argentina necesita replantear, de manera urgente, la absurda política energética vigente.
Pero está claro, a estas alturas, que el gobierno nacional no piensa revisar explícitamente todo este engendro que armó desde 2003. No sólo para no reconocer errores, sino, principalmente, para que no se vean, por ahora, la ineficiencia, la corrupción y las inequidades que este sistema esconde. Pero, como en el caso del Indec y otros casos, ya nadie le cree su “inocencia”.
Hoy el servicio eléctrico se paga con una combinación muy oscura de tarifas, subsidios, deudas que no se cobran, importaciones con sobreprecios, etc. etc. y con mecanismos injustos de distribución regional y personal del ingreso. Téngase en cuenta que, por ejemplo, un ciudadano de Córdoba no sólo paga el servicio eléctrico que recibe sin subsidio (porque el que otorga el Estado nacional no se traslada, o se traslada parcialmente a los consumidores), sino que también, cuando paga sus impuestos, y el impuesto inflacionario, está financiando los subsidios que sí recibe un consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, paga su consumo y contribuye a pagar, en promedio, dos tercios del de un ciudadano de Buenos Aires.
Pero dado que el gobierno nacional no piensa reconstruir la institucionalidad que destruyó en estos años, propongo, por ejemplo, que el jefe de Gobierno de la Ciudad y/o la Legislatura porteña, teniendo en cuenta que el problema afecta, entre otros, a ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de haber atendido, dentro de sus posibilidades, la emergencia, amplíe ya mismo las facultades regulatorias de la Ciudad Autónoma y convoque a una comisión especial, que cite a los presidentes de Edenor y Edesur, para que expliquen cuál fue el problema y cómo se va a evitar que persista en cada “ola de calor” de los próximos meses/ años, independientemente de lo que informen los medios.
Esto no es tomarse atribuciones que no le corresponden, ni “comprarse” nuevos problemas, pero así como se dictó una ley de protección a los medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad tiene que proteger a sus ciudadanos, que pagamos impuestos en la Ciudad, dentro de lo posible, de las barbaridades que comete el gobierno nacional, en ésta o en cualquier otra área. Es hora de terminar con las mentiras y las hipocresías, y también es hora de empezar de dejar de ser cómplices de este sistema absurdo
